Paro en ANAC: una semana clave para el sistema aéreo argentino
NewsITe
El conflicto salarial entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Gobierno nacional ingresa desde este miércoles en una fase crítica, con un plan de lucha que podría derivar en demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país, en plena antesala del fin de semana largo.
Las medidas de fuerza se extenderán desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de marzo, con un esquema de trabajo restringido en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 16 a 20. En esos tramos solo se atenderán vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales, mientras que el resto de las operaciones se verá fuertemente condicionada. Fuera de esos horarios, la actividad se mantendrá con relativa normalidad, aunque fuentes del sector no descartan impactos colaterales en la programación.
Desde ATE-ANAC explican que el paro responde a la falta de avances en la negociación salarial y a la quita de ingresos que, aseguran, sufrieron durante enero y febrero. Señalan que no se hicieron efectivos acuerdos que habían sido alcanzados con la anterior gestión de la Secretaría de Transporte, lo que motivó la profundización del plan de lucha y el estado de alerta permanente entre los trabajadores del organismo.
El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, definió las protestas como “medidas legítimas de acción gremial” y sostuvo que se encuadran en el marco de la esencialidad establecida para el sector aéreo en la reciente reforma laboral. Al mismo tiempo, remarcó que el sindicato mantiene una postura abierta al diálogo, aunque advirtió que “hasta el momento no hemos sido convocados” por las autoridades.
Un paro que pone a prueba el nuevo modelo de aviación civil
El paro se da en un contexto de cambios profundos en el esquema operativo de los aeropuertos argentinos. Con la nueva normativa de ANAC, varias tareas que antes realizaban trabajadores estatales fueron transferidas a los explotadores privados de los aeropuertos, en línea con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). De esta manera, el rol de los empleados de ATE-ANAC se reorientó hacia funciones de supervisión, fiscalización y control normativo, reduciendo su participación en la operatoria diaria de la plataforma.
Ese corrimiento de funciones limita, en parte, la capacidad del sindicato para paralizar completamente la actividad aérea, ya que múltiples tareas clave quedaron en manos de personal que no integra su representación gremial. Sin embargo, persiste un punto crítico: el manejo de las unidades de autobomba y los servicios de salvamento y extinción de incendios, indispensables para que un aeropuerto sea considerado operativo bajo los estándares internacionales de seguridad.
Sin la plena disponibilidad de esos equipos, ningún vuelo puede despegar o aterrizar. Aunque el gremio cuenta con la herramienta de retirar ese servicio en el marco de la protesta, hacerlo abriría un fuerte debate legal y ético, por el riesgo que implicaría para la seguridad operacional. En el sector prevalece la idea de que difícilmente se llegará a ese extremo, pero reconocen que incluso demoras o intervenciones parciales podrían forzar la inoperatividad temporal de algunas terminales y derivar en un efecto dominó de cancelaciones.
Impacto diferenciado entre grandes aeropuertos y terminales del interior
La medida de fuerza preocupa especialmente a las aerolíneas que operan rutas de cabotaje hacia el interior del país. Mientras que aeropuertos como Ezeiza o Aeroparque cuentan con mayor densidad de personal y varios prestadores de servicios, los aeródromos provinciales suelen apoyarse en estructuras más reducidas y con mayor presencia de personal estatal. En ese escenario, cualquier alteración en los servicios críticos se siente con más fuerza.
Para los pasajeros que tienen vuelos programados esta semana, el panorama es de alta incertidumbre: la información oficial es escasa y las advertencias gremiales anticipan trastornos relevantes en la operación aérea, justo cuando se espera un importante movimiento turístico. Las compañías recomiendan consultar de forma permanente el estado de los vuelos y anticiparse a eventuales reprogramaciones.
Lo que comenzará este miércoles no será solo una semana de posibles demoras, sino un verdadero test de estrés para el nuevo modelo de aviación civil que la Argentina decidió adoptar en 2026.
En los próximos días quedará en evidencia hasta qué punto la redistribución de responsabilidades entre Estado y operadores privados logró blindar al sistema frente a los conflictos gremiales, o si, por el contrario, el paro de ATE-ANAC expone vulnerabilidades que exigirán nuevas correcciones regulatorias.
