El Gobierno auditará balances y contratos de la AFA
NewsITe
El Gobierno nacional dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días, con el objetivo de revisar a fondo balances, contratos y movimientos financieros de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. La medida, que no implica una intervención plena, abre sin embargo una etapa de fuerte control institucional sobre el corazón del negocio del fútbol argentino.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia luego de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que desde hace meses venía reclamando información contable y administrativa. Según trascendió, la IGJ cuestionó la falta de entrega de documentación correspondiente al ejercicio 2025 y a la Universidad de la AFA (UNAFA), así como también el intento de la entidad de fijar domicilio en la provincia de Buenos Aires, maniobra que el organismo calificó de “ficticia”.
Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco. Ambos tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA. Su tarea incluirá la elaboración de un informe final, aunque podrán elevar reportes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes o irregulares.
Entre los puntos a analizar figuran los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento del pago de impuestos, aportes y contribuciones previsionales, y toda la documentación vinculada con la creación y funcionamiento de la UNAFA. También se revisarán relaciones comerciales con firmas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
Una veeduría en medio de un conflicto político e institucional
La resolución del Gobierno se inscribe en un clima de tensión creciente entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA. En las últimas semanas, la entidad del fútbol había cuestionado públicamente los requerimientos oficiales y, frente a la posibilidad de una medida de control, anticipó que recurriría a la Justicia para frenar cualquier avance que considerara indebido.
Desde la AFA se calificó la decisión como una “veeduría ilegítima” y se negó la existencia de irregularidades en la presentación de balances. La cúpula dirigencial sostiene que cumple con las normas contables y que el accionar del Gobierno responde más a una disputa política que a problemas administrativos concretos.
- La veeduría se extenderá por 180 días, con posibilidad de informes parciales.
- Los veedores podrán revisar contratos, convenios comerciales y documentación de la UNAFA.
- La IGJ sostiene que la AFA sigue bajo su jurisdicción pese al intento de cambiar de domicilio legal.
La medida no altera el funcionamiento cotidiano de la AFA, pero sí habilita una auditoría exhaustiva sobre balances, contratos y movimientos financieros, cuyo resultado podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o una profundización del conflicto en sede judicial.
Por el momento, la veeduría no modifica la competición deportiva ni la actividad diaria de clubes y selecciones, pero instala un escenario de máxima vigilancia sobre la conducción económica del fútbol argentino. El desenlace de este proceso, que combina tensión política, control estatal y millonarios intereses en juego, será clave para el futuro de la relación entre el Gobierno y la AFA.
