Definen el futuro judicial de la abogada argentina detenida en Brasil
NewsITe
La situación judicial de Agostina Páez, la abogada santiagueña detenida en Brasil por un episodio de injuria racial, atraviesa días clave. Su defensora, la abogada argentina radicada en ese país Carla Junqueira, sostuvo que Páez “va a tener que cumplir algún tipo de pena”, aunque trabaja para que ese eventual castigo pueda ejecutarse en la Argentina y bajo un esquema menos severo que el pedido por la Fiscalía brasileña.
Actualmente, Páez se encuentra con prisión preventiva domiciliaria en Río de Janeiro, mientras avanza la causa en su contra. La Fiscalía solicitó una condena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo, al considerar que existió un concurso material de tres delitos distintos, todos vinculados a conductas de tinte racista contra empleados de un bar.
Junqueira, en diálogo con el programa “Guada Recargada” por Radio Rivadavia, relativizó la posibilidad de que ese pedido prospere. Explicó que para arribar a una pena tan alta, el tribunal debería aceptar la sumatoria de la pena máxima de cada uno de los tres delitos atribuidos, algo que la defensa considera improbable a la luz de las pruebas disponibles en el expediente.
La disputa por las pruebas y la calificación legal
La acusación sostiene que hubo discriminación contra tres empleados del local nocturno y apoya su postura en los testimonios de las presuntas víctimas, la declaración del gerente del bar y registros de video tanto del interior como del exterior del establecimiento. Para la Fiscalía, estos elementos demostrarían una secuencia de hechos diferenciados, suficientes para configurar tres delitos en concurso material.
La defensa, en cambio, plantea que no existen evidencias sólidas que acrediten tres episodios independientes. Según Junqueira, las imágenes de las cámaras internas sólo muestran a Páez y sus amigas discutiendo por la cuenta en un salón ya vacío, sin audio y sin gestos que permitan inferir expresiones racistas concretas. A su entender, ese material es “absolutamente inconclusivo” y sólo permite confirmar que hubo un entredicho, no así que se haya configurado el delito en tres oportunidades.
Un gesto en medio de la tensión y el escenario de una condena menor
De acuerdo con el relato de la defensora, el conflicto se intensificó cuando las jóvenes intentaron retirarse en el auto de unos amigos y el personal del bar les impidió hacerlo hasta que abonaran la cuenta. En ese contexto de tensión, y al cruzar la calle, Páez habría realizado gestos obscenos hacia el personal de seguridad, conducta que en el derecho brasileño puede encuadrarse como injuria racial.
Junqueira describió la reacción de su clienta como una “retorsión inmediata” en un momento de nerviosismo, enojo y miedo, y recordó que la pena mínima prevista para un delito de este tipo es de dos años. Sobre ese piso legal, la estrategia de la defensa es evitar la prisión efectiva prolongada y negociar alternativas para el cumplimiento de la condena.
La abogada destacó que las cortes superiores de Brasil ya fijaron jurisprudencia que impide la aplicación de probation o tareas comunitarias en casos de racismo o injuria racial. No obstante, considera que hay margen para que Páez cumpla una eventual pena desde la Argentina, bajo monitoreo y con la posibilidad de desarrollar campañas de concientización y otras actividades reparatorias, siempre que el tribunal brasileño lo autorice.
“Por lo menos, durante dos años, va a tener que cumplir algún tipo de pena”, admitió Junqueira, aunque insistió en que su objetivo es que ese castigo se cumpla en territorio argentino y sin llegar al extremo de los 15 años pedidos por la Fiscalía.
En las próximas semanas, la Justicia de Río de Janeiro deberá resolver tanto sobre la calificación de los hechos como sobre el monto y la modalidad de la pena. El desenlace del caso será seguido con atención por la diplomacia argentina y por organizaciones que monitorean la aplicación de la figura de injuria racial en Brasil.
