El oficialismo intenta descomprimir la polémica por el PIN
NewsITe
El Gobierno de Javier Milei decidió revisar en profundidad el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y remitió una nueva versión al Congreso, luego de las fuertes críticas que generó el borrador original por el posible avance sobre libertades civiles y el riesgo de espionaje interno.
Según trascendió, el documento inicial —de alrededor de 170 páginas y elaborado durante la gestión de Sergio Neiffert al frente de la ex SIDE— habilitaba un monitoreo particularmente amplio sobre opositores políticos, economistas, dirigentes sociales y periodistas considerados como factores de “erosión” de la confianza pública. Ese enfoque encendió alarmas en la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, que emitió un dictamen severamente crítico.
Tras ese pronunciamiento legislativo, el Ejecutivo impulsó una reescritura del texto, en la que se eliminaron o reformularon menciones a “actores” capaces de influir en la “percepción” de la ciudadanía o en los procesos “cognitivos” de la opinión pública. Entre los puntos revisados figuran las alusiones al uso de nuevas tecnologías y de herramientas de inteligencia artificial para relevar y procesar información sensible.
Fuentes vinculadas a la negociación indicaron que las correcciones se enviaron al Congreso en un momento políticamente clave: después de las elecciones de octubre y antes de la salida de Neiffert. El objetivo habría sido despejar cuestionamientos sobre un eventual espionaje interno y ajustar el PIN a los límites que establece la ley de inteligencia nacional vigente.
Decreto bajo la lupa y una Bicameral paralizada
A pesar de la reescritura del plan, en el Parlamento persisten las alertas por el decreto 941/2025, mediante el cual Milei amplió de forma unilateral las atribuciones de la SIDE. Ese instrumento habilita, entre otros puntos, la posibilidad de detener personas sin control judicial previo y de efectuar cruces masivos de datos personales, lo que genera cuestionamientos por su potencial impacto sobre derechos y garantías constitucionales.
La situación se ve complejizada por el recambio legislativo, que dejó a la Comisión Bicameral de Inteligencia en una especie de limbo institucional. La nueva integración aún no terminó de constituirse plenamente y, en consecuencia, la versión corregida del PIN no tuvo una revisión final ni un aval explícito de ese cuerpo de control parlamentario.
- El primer borrador del PIN fue duramente objetado por habilitar un monitoreo amplio sobre opositores y actores sociales.
- El Gobierno afirma que el texto revisado respeta los límites fijados por la ley de inteligencia nacional.
- El decreto 941/2025 sigue bajo discusión por la ampliación de facultades a los organismos de inteligencia.
La falta de definición sobre qué versión del plan está realmente vigente mantiene abierto el debate sobre el alcance del poder de inteligencia del Estado y el equilibrio entre seguridad y libertades civiles.
En este escenario, la discusión en torno al Plan de Inteligencia Nacional se convirtió en un capítulo central de la agenda institucional. Mientras el oficialismo sostiene que necesita herramientas más ágiles para enfrentar amenazas complejas, sectores de la oposición y de organismos de derechos humanos exigen mayores controles democráticos y transparencia sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia.
