La Aduana, en el centro de la pelea por el ajuste estatal.
La interna del gobierno de Javier Milei sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la Aduana como eje de disputa. Mientras el asesor Federico Sturzenegger impulsa una reducción drástica de organismos y estructuras del Estado, otro sector de peso dentro del oficialismo, encabezado por Santiago y Luis Caputo, reclama cautela ante el impacto que podría tener la “motosierra” sobre áreas sensibles como el control aduanero.
La Dirección General de Aduanas, bajo la conducción de Andrés Velis e inserta en la estructura de la Agencia de Recaudación de la República Argentina (ARCA), dirigida por Andrés Edgardo Vázquez, quedó atrapada entre estas dos visiones. Desde diciembre de 2023 el organismo perdió cerca de 1.500 trabajadores por un plan de retiros voluntarios impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, sin que se haya producido recambio de personal. Hoy la dotación ronda los 5.000 empleados, un número que los propios funcionarios consideran crítico para el volumen de tareas que se deben afrontar.
Velis cuenta con más de tres décadas de experiencia en la Aduana y Vázquez también suma trayectoria en la AFIP y otras áreas del sector público vinculadas al monitoreo fiscal. Fuentes gremiales destacan que ambos están involucrados en la gestión cotidiana y buscan contener una situación que se complejiza ante la falta de agentes con formación específica y el congelamiento salarial que afecta a los trabajadores del sector.
Los sindicatos con fuerte presencia en ARCA y en la Aduana, principalmente AEFIP y Supara, remarcan que el sector vinculado a los Caputo no es partidario de “romper todo” como, señalan, propone Sturzenegger. Entre los argumentos que esgrimen se destaca el rol clave de la Aduana en el control del flujo de mercancías, personas y medios de transporte que ingresan y salen del territorio nacional, una tarea estratégica en materia de seguridad de fronteras, recaudación y cumplimiento de normas internacionales.
Advertencias por el contexto geopolítico y de seguridad
El sindicato Supara puso el foco además en el escenario internacional. En un documento al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el gremio recordó que el gobierno de Milei manifestó una fuerte alineación política con Estados Unidos e Israel, lo que generó tensiones con varios países de Medio Oriente, entre ellos Irán, que incluyó a la Argentina en un listado de países enemigos.
En ese marco, Supara subrayó que la Argentina fue blanco de dos de los atentados terroristas más graves de América Latina, en los que la Justicia local vinculó a estructuras vinculadas al Estado iraní. Para el sindicato, estos antecedentes refuerzan la necesidad de preservar e incluso fortalecer las capacidades de control del Estado en puntos neurálgicos como los pasos fronterizos y los puertos.
“Estos crímenes forman parte de la memoria colectiva del país y refuerzan la necesidad de analizar con responsabilidad cualquier decisión que pueda afectar las capacidades de control del Estado”, advirtió Supara en el escrito.
Contrabando, narcotráfico y el debate por la capacidad operativa
Otro aspecto central en la discusión es la participación de la Aduana en redes y sistemas internacionales de prevención de contrabando, narcotráfico, financiamiento ilícito, tráfico de armas y de materiales sensibles. De acuerdo con el gremio, el ajuste en distintas áreas del Estado ya está generando dificultades operativas y el recorte en la Aduana podría agravar ese cuadro.
Para Supara, la discusión no debería centrarse únicamente en el tamaño del organismo sino en el nivel de capacidad operativa que necesita un país para proteger sus fronteras en un contexto global cada vez más inestable. En esa línea, el gremio planteó un interrogante que busca instalar en la agenda oficial: más que preguntarse cuánto cuesta sostener las estructuras de control, señalan, corresponde evaluar cuál sería el costo económico, social y en materia de seguridad de debilitarlas.
Mientras la interna libertaria sigue abierta y sin un ganador definido, el futuro inmediato de la Aduana aparece como una prueba de fuego para la estrategia de ajuste del Gobierno y para la capacidad del Estado argentino de resguardar su territorio, su recaudación y sus compromisos con la seguridad internacional.
