El adolescente Jonathan Correa murió tras recibir una golpiza de su padre, Jonathan Calero. La Justicia lo imputó por homicidio agravado y violencia doméstica. El caso expuso denuncias previas por maltrato que no avanzaron.
El asesinato de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años, provocó conmoción en Uruguay y abrió un fuerte cuestionamiento sobre el funcionamiento de los mecanismos estatales de protección ante situaciones de violencia familiar. El joven murió luego de recibir una brutal golpiza de su padre, Jonathan Calero, de 37 años, quien posteriormente trasladó el cuerpo y lo arrojó en una zanja.
De acuerdo con la reconstrucción del caso difundida por Infobae, el episodio ocurrió el viernes por la noche, cuando padre e hijo mantuvieron una fuerte discusión dentro de la vivienda familiar. Durante ese enfrentamiento, el hombre comenzó a golpear al adolescente con un cable dentro de su dormitorio.
La agresión ocurrió mientras la madre del joven y su hermana de nueve años se encontraban en otra habitación de la casa. Tras propinarle la golpiza, Calero ordenó al adolescente que se fuera a dormir. El joven nunca volvió a despertarse.
Horas después, entre las dos y las tres de la madrugada, el hombre regresó al dormitorio y advirtió que su hijo no reaccionaba y que no presentaba signos vitales. Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía y consignada por el diario uruguayo La Diaria, el padre decidió entonces cargar el cuerpo del adolescente, sacarlo de la vivienda y abandonarlo en una cuneta.
Cuando la madre se levantó más tarde, advirtió que el joven no estaba en la casa. Ambos comenzaron a buscarlo hasta que el propio Calero terminó confesando el lugar donde se encontraba. Intentaron reanimarlo, pero ya no había nada que hacer: Jonathan Correa había muerto.
Según el relato de la fiscal del caso, en un primer momento el hombre intentó explicar la situación diciendo que su hijo podría haberse caído de un “puentecito que había cerca”.
La Justicia dispuso imputarlo por violencia doméstica agravada y homicidio especialmente agravado por tratarse de su hijo y haberse cometido en presencia de menores de edad. La fiscal Sabrina Flores solicitó además la prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Calero, que se desempeñaba como clasificador y feriante, fue enviado a la cárcel con prisión preventiva por 180 días.
Un historial de violencia que había sido denunciado
Con el paso de los días, comenzaron a conocerse antecedentes que revelan que el adolescente venía sufriendo episodios de violencia desde hacía tiempo. Según publicó Infobae, la UTU —el centro educativo de formación técnica al que asistía el joven— había presentado denuncias por la situación que atravesaba.
Sin embargo, esas presentaciones no avanzaron ni en la Policía ni en el Poder Judicial.
Compañeros del adolescente lo describieron en el noticiero uruguayo Telemundo como un chico introvertido, tranquilo y respetado dentro de la institución. No tenía muchos amigos y solía mantenerse al margen de los conflictos.
“Era un buen pibito”, “inteligente” y “querido”, recordaron algunos de sus compañeros. También señalaron que con frecuencia presentaba golpes visibles en el cuerpo.
Uno de los alumnos relató que el joven solía llevar campera incluso cuando hacía calor para cubrir los moretones que tenía en los brazos. Otros aseguraron que a veces se lo veía con los “ojos negros”, lo que despertaba preocupación entre sus compañeros.
Las pericias forenses confirmaron posteriormente la existencia de múltiples lesiones en el cuerpo del adolescente. En el escrito de imputación presentado por la Fiscalía se concluyó que existían “diferentes tipos de violencias físicas sobre el cuerpo” de Jonathan.
La médica que realizó la autopsia indicó que el cuerpo presentaba “múltiples heridas, de diferente tiempo de antigüedad”, lo que evidencia episodios de agresión previos al ataque fatal.
“Hay tantas lesiones que la forense no pudo constatar bien dónde había iniciado el sangrado”, señala el pedido de imputación que fue leído durante la audiencia judicial.
Mientras avanza la causa, el abogado defensor del acusado solicitó que se le garantice atención médica en la cárcel para continuar un tratamiento por asma. Además pidió la realización de una pericia psiquiátrica para determinar si el hombre era capaz de comprender el carácter ilícito de sus actos.
En paralelo, la Justicia dispuso medidas de protección para los menores de la familia. La hermana del adolescente, de nueve años, fue inicialmente enviada a vivir con su abuela, pero luego se detectaron denuncias de violencia también en ese entorno.
Ante esa situación, las autoridades resolvieron que la niña y dos de sus primos fueran trasladados a centros dependientes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
La reacción del gobierno uruguayo y las críticas al Estado
El caso provocó una fuerte repercusión política en Uruguay y llevó incluso al presidente de ese país, Yamandú Orsi, a pronunciarse públicamente sobre lo ocurrido.
En declaraciones a la prensa, el mandatario calificó el crimen como un hecho estremecedor y puso el foco en las fallas institucionales que permitieron que la situación de violencia no fuera detectada ni detenida a tiempo.
“Es espantoso, terrible. La muerte de un niño nos parte el corazón. De esa forma, además: una muerte violenta”, expresó el presidente uruguayo.
Orsi sostuvo además que la situación representa un golpe para el Estado y planteó interrogantes sobre la falta de respuesta institucional ante las denuncias previas.
“¿Cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo, cómo no lo pudimos impedir?”, cuestionó.
El mandatario coincidió con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien también manifestó su “indignación” y “profunda tristeza” por el asesinato del adolescente.
“El Estado todo falló. Los mecanismos de protección que debemos tener frente a las instancias evidentemente fallaron. Tenemos que hacer un reconocimiento de estas fallas en los controles”, expresó el ministro.
A raíz del caso, el gobierno uruguayo inició una investigación administrativa para determinar si existieron responsabilidades institucionales en el manejo de las denuncias previas.
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay también solicitó informes para establecer cómo actuó el sistema judicial luego de la denuncia presentada por el centro educativo al que asistía Jonathan Correa.
