El oficialismo vuelve a impulsar cambios en la ley de semillas
NewsITe
El Gobierno nacional volvió a instalar en la agenda pública la discusión sobre la propiedad intelectual en semillas y la eventual adhesión de la Argentina al convenio internacional UPOV 91, una demanda histórica de empresas semilleras y biotecnológicas. El secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Alejandro Cacace, advirtió que la falta de un sistema efectivo de protección a la innovación está afectando la competitividad del agro, en especial en el cultivo de soja.
Según el funcionario, en las últimas dos décadas el rinde promedio de soja en el país se mantuvo prácticamente estancado en torno a las 2,7 toneladas por hectárea. En el mismo período, Brasil pasó de 2,8 a 3,4 toneladas por hectárea y a la vez expandió de manera significativa su superficie sembrada. Para Cacace, la diferencia se explica, en buena medida, por la menor incorporación de genética avanzada y el escaso desarrollo de nuevas variedades en la Argentina.
Como ejemplo, el secretario citó la cantidad de variedades registradas en 2023: Brasil anotó 337 nuevas, mientras que en la Argentina solo se registraron 32. Ese contraste, sostuvo, refleja un menor dinamismo en la investigación y el mejoramiento local, vinculado a un sistema de protección de la propiedad intelectual considerado insuficiente por los actores privados del sector.
Soja, maíz y algodón: el contraste productivo
Cacace trazó además una comparación entre la evolución de la soja y la del maíz. En este último cultivo, el rinde nacional habría crecido alrededor de un 54% en los últimos veinte años, impulsado por el uso masivo de semillas híbridas. Ese esquema obliga a los productores a adquirir semilla nueva campaña tras campaña y permite que los obtentores capturen de manera más directa el valor de la innovación tecnológica incorporada.
La soja, en cambio, es un cultivo autógamo que permite al productor guardar semilla para su propia reutilización en campañas posteriores. Sin un sistema sólido de cobro por el uso de la tecnología, los desarrolladores perciben ingresos básicamente en la primera venta, lo que, según advierten, reduce los incentivos a invertir en genética y desarrollo varietal argentino. Cacace señaló que la tasa de crecimiento anual del rinde de soja en el país ronda el 0,6%, aproximadamente la mitad de la registrada en Estados Unidos, estimada en torno al 1,1%.
El funcionario también aludió al caso del algodón para relativizar las explicaciones que atribuyen la brecha productiva únicamente a la presión impositiva. Pese a haber tenido históricamente retenciones más bajas —e incluso haberlas eliminado en los últimos años—, la Argentina registra rendimientos cercanos a los 700 kilos de fibra por hectárea, en tanto que Brasil supera los 1.500 kilos, casi el doble.
UPOV 91 y el futuro del marco regulatorio
De acuerdo con fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, las declaraciones de Cacace se enmarcan en la discusión interna sobre una posible actualización de la Ley de Semillas y la adhesión al Acta UPOV 91, el convenio que rige en varios de los principales países productores y exportadores de granos del mundo. Las compañías del rubro sostienen que este marco permitiría reforzar la protección de la propiedad intelectual sobre nuevas variedades y dar mayor previsibilidad a las inversiones en investigación.
Desde el oficialismo plantean que un sistema que garantice el cobro por el uso de semillas no debe ser interpretado solo como un beneficio corporativo, sino como una condición necesaria para sostener el mejoramiento genético local, ganar productividad y consolidar la competitividad del agro argentino en el mercado internacional. Organizaciones de productores y especialistas, por su parte, seguirán de cerca el debate legislativo, en un tema que vuelve a ubicarse en el centro de la agenda del campo y que promete una discusión intensa en los próximos meses.
“Sin reglas claras para la propiedad intelectual, la Argentina resigna potencial productivo frente a sus competidores”, es el mensaje que el Gobierno busca instalar al reabrir la discusión por UPOV 91.
Mientras tanto, el sector agroindustrial aguarda definiciones concretas sobre el contenido del eventual proyecto oficial y el alcance de los cambios propuestos en materia de derechos de propiedad intelectual, regalías y uso propio de semillas, un punto sensible para miles de productores en todo el país.
