Proyecto para limitar las comunicaciones desde las prisiones
NewsITe
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca prohibir el uso de teléfonos celulares personales en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y restringir las comunicaciones de los internos a dispositivos provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La iniciativa, impulsada por el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Oscar Liberman, cuenta con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
El texto propone derogar el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” aprobado en 2020, en el contexto de la pandemia de Covid-19, que flexibilizó el acceso a la telefonía móvil dentro de los penales. Liberman sostiene que ese esquema excepcional se transformó en una vía para la planificación y ejecución de delitos desde las cárceles, al punto de que, según definió, “parecen un call center del delito”.
La iniciativa fue bautizada “Ley Rodrigo” en memoria del soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se suicidó tras ser víctima de una extorsión telefónica originada, de acuerdo con la investigación, en un penal bonaerense con la colaboración de familiares de reclusos desde el exterior del establecimiento de Magdalena. Para el legislador, ese caso expuso con crudeza el impacto que pueden tener las bandas que operan desde el encierro.
El proyecto modifica el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense, para que la comunicación de las personas privadas de libertad se realice exclusivamente a través de teléfonos fijos o móviles proporcionados por el SPB, con un máximo de dos horas diarias por interno y sin que los dispositivos queden a libre disposición. Además, obliga a las unidades carcelarias a instalar y mantener sistemas de inhibición y bloqueo de señal móvil en los sectores de alojamiento.
Control de las comunicaciones y debate legislativo
Liberman plantea que, junto con los inhibidores de señal, se implementen requisas diarias para detectar posibles aparatos no declarados y sancionar a quienes incumplan la normativa. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la promulgación de la eventual ley, el SPB deberá notificar a todos los internos para que entreguen voluntariamente sus teléfonos en un plazo de 24 horas, incluso aquellos no registrados, a fin de elaborar un inventario de los dispositivos secuestrados.
Vencido ese plazo, el proyecto establece la realización de operativos de requisa en celdas y espacios comunes de cada unidad para localizar celulares restantes. Las sanciones para los infractores se aplicarían de acuerdo con el régimen disciplinario ya vigente, dado que la propuesta se concentra en redefinir el marco legal sobre el uso de teléfonos y no en crear nuevas figuras punitivas.
- Comunicación limitada a teléfonos controlados por el SPB.
- Tope de dos horas diarias de llamadas por cada interno.
- Instalación obligatoria de inhibidores y bloqueadores de señal.
- Requisas cotidianas para detectar dispositivos ilegales.
El diputado subraya que la intención es evitar un “debate ideológico” y presentar la medida como una política de Estado orientada a la seguridad pública, la protección de víctimas y el funcionamiento del sistema penitenciario. Según explicó, se asesoró con equipos de abogados, con la jueza Arroyo Salgado, con el juez de Cámara Carlos Pagliere (h) y con especialistas vinculados al Ministerio de Seguridad de la Nación.
“Las cárceles deben ser seguras y no centros de organización del delito. El derecho a la comunicación debe ejercerse, como en otros países, en horarios pautados y a través de teléfonos públicos o celulares controlados”, fundamentó Liberman.
El proyecto ya fue ingresado en la Legislatura bonaerense y ahora deberá atravesar el circuito de comisiones y el debate en el recinto. Su autor anticipó que buscará dialogar con todos los bloques para sumar apoyos y replicar, eventualmente, la iniciativa a nivel nacional si consigue consenso político.
