Fiscal Rívolo pidió la indagatoria de un responsable informático.
El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó la indagatoria de Daniel Díaz, jefe de Sistemas de la Droguería Suizo Argentina S.A., en el marco de una causa derivada de la investigación principal por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El planteo apunta a establecer si desde el área informática de la compañía se obstaculizó el acceso de la Justicia a correos corporativos considerados claves para el avance del expediente.
Según informó Noticias Argentinas, Díaz se habría negado a realizar el blanqueo de claves de directivos de la empresa, lo que impidió que los investigadores accedieran a mensajes internos requeridos por orden judicial. Esa presunta negativa es analizada ahora como una posible maniobra para entorpecer el trabajo de los fiscales y jueces que siguen la pista de eventuales hechos de corrupción.
La causa se inscribe en una investigación más amplia sobre el vínculo entre la droguería Suizo Argentina y contrataciones realizadas por la Andis. La firma, controlada desde hace décadas por la familia Kovalivker, se consolidó como uno de los actores relevantes en la provisión de medicamentos al sistema de salud pública y, por ese rol, quedó bajo la lupa de la Justicia federal.
En ese entramado aparece Jonathan Simón Kovalivker, uno de los accionistas de peso de la compañía, junto con su padre Eduardo y sus hermanos. De acuerdo con la reconstrucción judicial, habría ocupado una posición estratégica en la relación comercial entre la droguería y el organismo estatal, especialmente en lo referido a la provisión de insumos y la firma de contratos.
El origen de la causa ANDIS y las sospechas sobre contrataciones
La denominada causa Andis se abrió en 2025, luego de la difusión de audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones se mencionaban presuntas anomalías en la contratación de medicamentos, posibles pagos indebidos y beneficios para determinadas empresas proveedoras. A partir de esas revelaciones, la Justicia impulsó distintas líneas de investigación que hoy involucran a funcionarios, intermediarios y empresarios del sector farmacéutico.
En este nuevo tramo del expediente, los investigadores buscan determinar si la falta de colaboración desde el área de Sistemas de Droguería Suizo Argentina supuso un intento deliberado de bloquear información sensible. Los correos electrónicos corporativos, explican fuentes judiciales, permiten reconstruir el circuito de decisiones internas, posibles gestiones ante la administración pública y eventuales acuerdos para direccionar negocios.
Qué evalúa ahora la Justicia federal
- Si la negativa a blanquear claves constituyó un acto de desobediencia o entorpecimiento de la labor judicial.
- El grado de conocimiento que tenían los directivos de la firma sobre la imposibilidad de acceder a los correos electrónicos.
- La eventual conexión entre esas comunicaciones internas y las contrataciones realizadas por la ANDIS.
- El rol de los accionistas y responsables jerárquicos en la relación con el organismo estatal.
Para los investigadores, el acceso a los correos electrónicos es una pieza central para reconstruir el mapa de vínculos, decisiones y flujos de información entre la empresa farmacéutica y el organismo de discapacidad.
El pedido de indagatoria de Rívolo marca una nueva etapa en la causa y pone el foco sobre la responsabilidad de los actores técnicos dentro de las grandes compañías, especialmente cuando el resguardo o la entrega de información digital puede influir en investigaciones por presunta corrupción. La resolución sobre si se hace lugar a la citación y el eventual llamado a otros implicados quedará ahora en manos del juez a cargo del expediente.
