El nuevo marco penal para menores de edad ya rige en el país
NewsITe
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, a través del Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial en la madrugada de este 9 de marzo. La norma, impulsada por la administración de Javier Milei, redefine el abordaje penal para adolescentes en conflicto con la ley y marca un cambio profundo en la política criminal hacia los menores de edad.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, uno de los ejes centrales del nuevo régimen es la baja en la edad de imputabilidad, que se acompaña con la creación de un sistema de penas graduadas. Este esquema tiene en cuenta no solo la edad del imputado, sino también el contexto social, familiar y la gravedad del hecho cometido, con el objetivo declarado de combinar sanción, contención y posibilidades de reinserción.
La norma fue aprobada en el Senado durante las sesiones extraordinarias del 27 de febrero, con 44 votos a favor y 27 en contra. De esta manera, La Libertad Avanza consiguió un nuevo triunfo legislativo, apoyado en el respaldo de bloques aliados que resultaron determinantes para alcanzar la mayoría necesaria.
Edad de imputabilidad y debate político
En el proyecto original, el oficialismo proponía fijar la edad de imputabilidad en los 13 años. No obstante, frente a las resistencias de sectores dialoguistas y parte de la oposición, el Gobierno aceptó elevar el piso a los 14 años. Esa modificación fue clave para destrabar el acuerdo político y asegurar los votos de bloques como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), que reclamaban un estándar más cercano al de otros países de la región.
Con el nuevo texto, la Argentina se alinea con la mayoría de las naciones sudamericanas: Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana fijan la imputabilidad también en 14 años; mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la ubican en 12 años. En estos países, el enfoque predominante combina la responsabilidad penal con medidas socioeducativas orientadas a la reinserción de los jóvenes.
Un régimen de penas graduadas y mirada regional
- Baja de la edad de imputabilidad, ahora fijada en 14 años.
- Régimen de sanciones graduadas según edad, tipo de delito y contexto.
- Énfasis en medidas socioeducativas y de reinserción social.
- Alineamiento con estándares vigentes en la mayoría de los países de la región.
Desde bloques aliados al oficialismo, como el PRO y la UCR, sostienen que fijar la imputabilidad en 14 años representa “un punto de equilibrio” entre la demanda social de seguridad y la necesidad de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El nuevo Régimen Penal Juvenil abre ahora una etapa de implementación en las provincias, que deberán adecuar estructuras judiciales, sistemas de acompañamiento social y dispositivos de contención para los menores involucrados en delitos. Especialistas en infancia advierten que el impacto efectivo de la ley dependerá de los recursos destinados a políticas públicas de prevención y asistencia, más allá del endurecimiento o flexibilización de las penas.
Con su entrada en vigencia, el Gobierno suma una norma clave en su agenda de seguridad, mientras continúan los debates en el ámbito político, judicial y académico sobre el equilibrio entre castigo, garantías y reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
