La central obrera apuesta a frenar la ley en la Justicia
La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió jugar su última gran carta frente a la reforma laboral aprobada en sesiones de verano: llevará el conflicto al terreno judicial para intentar frenar los cambios impulsados por el Gobierno nacional y avalados por el Congreso.
El primer paso ya fue dado con la presentación de un amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7. La central obrera busca dejar sin efecto el traspaso del fuero laboral desde la órbita nacional a la Ciudad de Buenos Aires, una de las disposiciones incluidas en el paquete de reformas recientemente sancionado.
La movida judicial se da en un contexto de fuerte desorientación interna. Voces sindicales admiten que la CGT atraviesa una etapa de discusiones cruzadas y falta de conducción clara, luego de la derrota política que significó la aprobación de la ley. Incluso algunos dirigentes de peso, como Cristian Jerónimo —uno de los triunviros junto a Jorge Sola y Octavio Argüello—, mantienen virtualmente cortadas las líneas de diálogo con sus propias bases en la sede de Azopardo.
“Reina el caos”, resumen fuentes sindicales consultadas, al describir el clima en la central obrera. Con el capítulo parlamentario prácticamente cerrado, en la CGT dan por hecho que los próximos campos de disputa serán los tribunales y la calle, combinando demandas judiciales con eventuales medidas de fuerza y nuevas movilizaciones.
Antecedentes judiciales y puntos en discusión
En el sindicalismo existe un dato que alimenta el optimismo: en enero de 2024, la Justicia ya había suspendido el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que incluía varios de los artículos que más tarde fueron incorporados a la reforma laboral aprobada en febrero. Para la CGT, si los jueces mantienen el mismo criterio de resguardo de derechos, el nuevo paquete podría correr la misma suerte.
Aquel DNU anunciado en cadena nacional por el presidente Javier Milei introducía, entre otros puntos, la figura del “banco de horas”, que flexibiliza las jornadas laborales según la demanda del empleador, y una fuerte restricción al derecho de huelga al exigir un nivel de prestación mínima del 75% en las actividades consideradas esenciales.
El expediente sobre el DNU llegó a la Corte Suprema tras la apelación del Gobierno al fallo adverso, pero el máximo tribunal nunca se expidió de fondo. Con la reforma ya convertida en ley por decisión del Congreso, en los pasillos judiciales descuentan que la Corte difícilmente reabra aquella causa, lo que deja a la CGT obligada a abrir nuevos frentes legales específicos.
Oposición sindical dispersa y paritarias tensas
En paralelo, el armado de gremios opositores que había ganado visibilidad en los últimos meses atraviesa una etapa de apagamiento. Ese espacio, donde confluyen la UOM, Aceiteros, APLA y ATE, entre otros, protagonizó dos fuertes movilizaciones en Rosario y Córdoba, además de la marcha al Congreso del 27 de febrero, cuando se votó la reforma. Sin embargo, tras esas acciones, la coordinación parece haberse debilitado y por ahora no asoman nuevas medidas de alto impacto.
En el frente salarial, las tensiones también se mantienen. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) participó recientemente de la paritaria de la administración pública nacional y rechazó el incremento del 2,2% ofrecido por el Gobierno para febrero, al considerarlo muy por debajo de la inflación acumulada. La propuesta, en cambio, fue aceptada por UPCN, uno de los gremios de mayor peso dentro de la propia CGT, lo que exhibe las diferentes estrategias sindicales frente al ajuste.
- Judicialización de la reforma laboral como principal apuesta de la CGT.
- Antecedente favorable: suspensión judicial del capítulo laboral del DNU 70/23.
- Desorientación interna y fracturas en la conducción sindical.
- Desgaste del frente gremial opositor tras las últimas movilizaciones.
En la central obrera admiten que, tras la derrota en el Congreso, “los próximos dos frentes serán el judicial y la calle”.
Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de avanzar con la flexibilización del mercado laboral como parte de su plan económico, la CGT redefine su estrategia entre tribunales, paritarias y movilización. El desenlace de la batalla judicial será clave para el futuro del mapa sindical y de las condiciones de trabajo en la Argentina.
