8M: violencia institucional, ajuste y discapacidad en la Argentina
NewsITe
En un nuevo 8 de marzo, la lucha feminista vuelve a cruzarse con una realidad muchas veces invisibilizada: la de las personas con discapacidad y, sobre todo, la de las mujeres que las cuidan. En la Argentina se estima que unas 5,9 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, cerca del 13% de la población. Detrás de ese número hay una mayoría silenciosa pero decisiva: se calcula que alrededor del 83% de quienes cuidan a familiares con discapacidad son mujeres.
Esa tarea cotidiana, que sostiene vidas enteras, se desarrolla en un contexto de fuerte ajuste estatal y de lo que organizaciones y especialistas describen como “violencia institucional sistemática”. La quita masiva de pensiones, las demoras en los pagos a prestadores y la falta de actualización de aranceles impactan de lleno en hogares donde, además, los índices de pobreza y desempleo son más altos que el promedio.
En los últimos meses, la escena de sillas de ruedas enfrentando escudos policiales, madres con sus hijos autistas entre los gases y largas colas frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se convirtió en postal del conflicto. Muchas familias dependen casi exclusivamente de una pensión que, aun en los mejores momentos, resultó insuficiente para cubrir terapias, transporte, medicamentos y necesidades básicas.
Un fallo clave y una ley en disputa
En ese escenario, un fallo del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, reabrió el debate nacional. El magistrado habilitó un amparo colectivo y ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), aprobada por el Congreso pero luego suspendida por decreto presidencial. La decisión obligó al Gobierno Nacional a revisar su postura y generó una ola de expectativas entre familias y organizaciones.
Sin embargo, el alivio fue parcial. La reglamentación, señalan referentes del sector, llegó tarde y con fuertes recortes respecto del espíritu original de la norma. El aumento de los nomencladores —valores de referencia para prestaciones y tratamientos— fue de apenas 5,78%, cuando las demoras y la inflación hacían prever una recomposición cercana al 40%. A esto se suman los atrasos en los pagos de PAMI e INCLUIR Salud, que acumularían deudas desde octubre con prestadores.
Las consecuencias son concretas: transportistas que abandonan el servicio por no poder costear combustible, terapeutas que reducen o suspenden sesiones, familias que se ven obligadas a cancelar actividades fundamentales para el desarrollo y la autonomía de sus hijos. Especialistas advierten que una terapia perdida difícilmente pueda recuperarse, en particular en la infancia y adolescencia.
El peso desproporcionado sobre las mujeres
En este entramado, el componente de género es ineludible. La mayoría de las madres de niños, niñas y adolescentes con discapacidad se ven forzadas a abandonar o reducir su vida laboral para acompañar tratamientos, turnos médicos y gestiones burocráticas. En muchos casos, se trata de hogares monomarentales, sin red de apoyo y sin otra fuente de ingresos estable.
- Alrededor del 83% de las tareas de cuidado en discapacidad recaen en mujeres.
- Los hogares monomarentales aumentan significativamente cuando hay hijas o hijos con discapacidad.
- La falta de políticas sostenidas empuja a estas familias a la pobreza y la exclusión.
Organizaciones feministas y de derechos humanos señalan que el retiro del Estado en materia de discapacidad se traduce en una doble violencia: contra las personas con discapacidad, que ven vulnerados derechos básicos, y contra las cuidadoras, mayoritariamente mujeres, que quedan atrapadas entre la sobrecarga de tareas y la imposibilidad de acceder a un trabajo formal.
“Mi miedo es pensar al 100% qué va a pasar cuando yo no esté. Esas terapias son para su desarrollo e independencia, para que pueda ser feliz y defenderse. Antes el miedo era a largo plazo, hoy es a un futuro inmediato”, expresó la actriz Lola Berthet, madre de un niño con autismo.
En este 8M, el reclamo de los movimientos de mujeres y de las familias que conviven con la discapacidad converge en un mismo punto: sin políticas públicas integrales, sin financiamiento adecuado y sin una justicia que haga cumplir las leyes vigentes, la desigualdad se profundiza. La “guerra” contra las personas con discapacidad, denuncian, es también una batalla contra las mujeres que sostienen, casi en soledad, la vida cotidiana de los sectores más vulnerables del país.
