La familia de Loan reclama un juicio urgente y respuestas
NewsITe
A más de 20 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el expediente sigue sin fecha firme de inicio de juicio y el reclamo de justicia se mantiene vivo. La familia del niño, los abogados querellantes y organizaciones de derechos humanos insisten en que el debate oral comience cuanto antes, mientras en Corrientes crece la preocupación por el rol del poder político y las falencias institucionales en la protección de niñas, niños y adolescentes.
Loan falta de su casa desde el 13 de junio de 2024, cuando desapareció tras un almuerzo familiar en la vivienda de su abuela Catalina, en la zona rural de Nueve de Julio, Corrientes. Desde entonces, la causa avanzó con idas y vueltas, cambios de hipótesis y un expediente que terminó unificado en la Justicia federal, pero sin que se haya podido establecer con claridad qué pasó con el niño ni por qué los acusados habrían decidido sustraerlo y ocultarlo.
En el caso hay 17 personas acusadas. Siete integran la investigación principal: Laudelina Peña, el excomisario Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez. Todos, excepto Maciel, compartieron el almuerzo del día en que se perdió el rastro de Loan. Los otros diez imputados pertenecen a una pesquisa paralela y están señalados por diferentes delitos vinculados al encubrimiento y al manejo irregular de la causa.
Imputaciones cruzadas y un juicio que no arranca
Para el grupo central de acusados, la calificación principal es la de sustracción y ocultamiento del menor. En tanto, los otros implicados enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales, entre otros.
Durante la audiencia preliminar, el tribunal informó que el juicio oral comenzaría el 7 de octubre. Sin embargo, la fiscalía, la querella y parte de las defensas rechazaron esa fecha por considerar excesiva la postergación, y los jueces aceptaron revisar el cronograma. La familia de Loan pidió que el debate se adelante, incluso propusieron el 8 de mayo, día del cumpleaños del niño, pero el planteo fue rechazado por el tribunal por considerarlo “impertinente”.
“Fue muy incómodo lo que pasó el viernes. Si el juicio inicia en octubre, son ocho meses más sin saber qué pasó. Nosotros creemos que en el debate es donde van a hablar, por eso pedimos que sea lo antes posible”, expresó María Noguera, madre de Loan, en diálogo con la prensa. Desde la fiscalía, el fiscal general Carlos Schaefer admitió que, a la fecha, “no tenemos acreditado qué pasó ni por qué lo hicieron”, en referencia a los acusados.
Presiones políticas, silencios y denuncias cruzadas en Corrientes
El caso Loan también expuso el entramado político de Corrientes. El exgobernador y actual senador provincial por la UCR, Gustavo Valdés, habló en forma escueta sobre la desaparición, ocurrida durante su gestión, y aseguró no tener vínculo con los “actores de la causa”. Sostuvo que el Poder Ejecutivo provincial solo pidió ser querellante, pedido que fue rechazado por la Justicia federal ante sospechas de posible encubrimiento por parte de funcionarios locales.
Más allá de las declaraciones, en la provincia se denunciaron maniobras políticas para bajar el tono del reclamo social. Valdés inició una demanda por injurias contra el dirigente peronista Martín “Tincho” Ascúa, quien le exigió explicaciones públicas sobre la investigación. A su vez, Ascúa presentó en 2025 una contradenuncia por presunto peculado ante la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC). En paralelo, el periodista y activista Miguel Nicolini fue desplazado de su trabajo como asesor legislativo luego de interpelar al senador Diego Pellegrini por un viaje realizado junto a una de las acusadas.
Una provincia con deudas en derechos de niños, niñas y adolescentes
El caso Loan dejó al descubierto, además, graves déficits en la política de protección de la niñez en Corrientes. Aunque la provincia adhirió en 2007, mediante la Ley 5773, a la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, nunca se designó a un defensor especializado, figura clave para monitorear las políticas públicas y acompañar a las familias en situaciones de vulneración de derechos.
En 2010, la Legislatura provincial aprobó la Ley 6020, que crea un registro de menores desaparecidos. Sin embargo, la norma nunca fue reglamentada, por lo que Corrientes carece de un padrón oficial que sistematice cuántos niños y adolescentes faltan de sus hogares y en qué circunstancias. A esto se suma el incumplimiento del Protocolo de Actuación Policial en Materia de Desaparición de Niñas, Niños y Adolescentes, establecido por la Ley 5862, que fija pautas claras de intervención inmediata ante la denuncia de una desaparición.
La ausencia de un registro, la falta de un defensor de la niñez y el no cumplimiento de los protocolos refuerzan la sensación de desprotección y alimentan la bronca de la familia de Loan, que solo pide una cosa: saber dónde está y que haya justicia.
Mientras el expediente acumula fojas, la principal pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde está Loan? La definición de la fecha de juicio y el avance real de la investigación serán claves para empezar a saldar una de las deudas más dolorosas que hoy tiene Corrientes con su infancia.
