Grave incumplimiento de leyes de protección a la niñez
NewsITe
En Corrientes persiste una grave deuda institucional con la niñez y la adolescencia: a pesar de contar con leyes específicas sancionadas hace más de una década, la provincia sigue sin implementar un registro oficial de niños y adolescentes desaparecidos y tampoco designó aún a un Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes.
La Provincia adhirió en 2007, a través de la Ley Provincial N° 5773, a la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esa normativa habilita la creación de la figura del defensor, cuya designación recae en el Poder Legislativo correntino. Sin embargo, casi 20 años después, el cargo permanece vacante.
“A nadie le interesa y tampoco hay presupuesto destinado para que eso ocurra”, afirmó en diálogo con Noticias Argentinas el comunicador y activista Miguel Nicolini, quien desde hace años viene relevando el incumplimiento de estas políticas públicas. Para especialistas y organizaciones, la ausencia de un defensor implica dejar a la niñez sin una voz institucional que exija la aplicación de derechos básicos.
Ley para el registro de menores desaparecidos, nunca reglamentada
La situación se agrava con lo que ocurre con la Ley Provincial N° 6020, aprobada en 2010, que prevé la creación de un registro de menores desaparecidos. Según confirmó Nicolini, la norma nunca fue reglamentada, por lo que el registro directamente no existe.
“Nunca fue reglamentada, por ende, no existe dicho registro. Hoy no se sabe cuántos menores faltan de sus casas en Corrientes”, advirtió el activista. En la práctica, esto implica que la provincia carece de estadísticas oficiales sistematizadas sobre niñas, niños y adolescentes extraviados o sustraídos, dificultando el diseño de políticas de prevención y búsqueda.
Ante los reclamos por este vacío estatal, una de las respuestas que recibió Nicolini por parte de funcionarios fue que para esos casos “está Missing Children”, una organización de la sociedad civil que lleva adelante campañas de difusión y acompañamiento, pero que no reemplaza la obligación del Estado de contar con mecanismos propios de registro, alerta temprana y abordaje integral.
Protocolo policial sin aplicación y presupuesto mínimo
Otra de las normas que permanece sin pleno cumplimiento es la Ley Provincial N° 5862, que establece el Protocolo de Actuación Policial en materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes. Ese marco fija pautas claras para la recepción de denuncias, la búsqueda inmediata y la coordinación entre fuerzas de seguridad y organismos de niñez, pero, según pudo saber este medio, no se aplica de manera efectiva.
Organizaciones especializadas recuerdan que los primeros momentos tras la desaparición de un menor son decisivos. La falta de un protocolo operativo, sumada a la inexistencia de un registro único, deja a muchas familias libradas a su propia iniciativa y a la voluntad de cada comisaría.
“Si estudiás los presupuestos, para la trata de personas son dos mangos y para la niñez y adolescencia también, mientras que se gasta un dineral en pauta publicitaria”, cuestionó Nicolini, al describir el escenario presupuestario de la provincia.
Desde espacios vinculados a la defensa de los derechos de la infancia reclaman que el Poder Legislativo correntino avance en la designación del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, que el Ejecutivo reglamente y ponga en marcha el registro de menores desaparecidos y que se aplique de forma real y efectiva el protocolo policial vigente. Consideran que sin estos instrumentos, la provincia se mantiene en deuda con sus ciudadanos más vulnerables.
