La CATT cuestiona los sumarios del Gobierno a UTA y La Fraternidad
NewsITe
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce Juan Carlos Schmid, manifestó su enérgico rechazo a la decisión del Gobierno nacional de iniciar sumarios contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el sindicato La Fraternidad, por su participación en el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el pasado 19 de febrero.
Mediante un comunicado difundido en Buenos Aires, la organización que nuclea a los principales gremios del transporte advirtió que la apertura de expedientes administrativos contra los sindicatos constituye un “grave antecedente” en materia de derechos laborales y sindicales, al considerar que introduce un factor de presión sobre las entidades que representan a los trabajadores.
La CATT remarcó que la medida del Ejecutivo implica un “avance preocupante” sobre garantías esenciales consagradas en la Constitución Nacional, entre ellas la libertad sindical y el derecho de huelga, así como sobre compromisos asumidos por el país en convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En ese sentido, planteó que el conflicto abre un debate de fondo acerca de los límites de la intervención estatal en las acciones gremiales.
Derecho de huelga y cuestionamientos al avance del Ejecutivo
El titular de la CATT, Juan Carlos Schmid, sostuvo que el derecho de huelga es una herramienta legítima del movimiento obrero y recordó que se encuentra amparado tanto por la Carta Magna como por tratados internacionales con jerarquía constitucional. “Pretender sancionar a organizaciones sindicales por ejercer ese derecho es un camino peligroso que atenta contra la democracia sindical y el diálogo social”, advirtió el dirigente.
Por su parte, el secretario gremial de la Confederación, Juan Pablo Brey, subrayó que el transporte argentino “ha demostrado históricamente su compromiso con el funcionamiento del país y con la sociedad”, pero señaló que ello no invalida la facultad de los trabajadores de defender sus condiciones laborales y conquistas históricas a través de medidas de fuerza cuando lo consideran necesario.
En esa línea, Brey cuestionó la “judicialización” y la aplicación de sanciones económicas sobre los sindicatos, al considerar que esa estrategia “no contribuye a resolver los problemas de fondo y sólo profundiza la confrontación” entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado. Los gremios del transporte, recordó, tuvieron un rol central en el acatamiento masivo del paro general de febrero, que paralizó buena parte del sistema de colectivos y trenes en las principales ciudades del país.
Alcance de los sumarios y posibles sanciones
Los sumarios fueron impulsados por el Ministerio de Capital Humano, cartera que tiene bajo su órbita las relaciones laborales a nivel nacional. El objetivo de la investigación administrativa es determinar eventuales sanciones contra la UTA y La Fraternidad por haber adherido a la medida de fuerza convocada por la CGT, en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y las centrales sindicales.
- Las penalidades podrían incluir multas de entre el 50% y el 2000% del salario mínimo, vital y móvil mensual por cada trabajador alcanzado por el paro.
- La decisión se tomó tras el fuerte impacto del paro en el transporte público, en especial en los servicios ferroviarios y de colectivos.
- La medida generó el inmediato rechazo no sólo de la CATT, sino también de la CGT y de otras organizaciones del mundo sindical.
Desde la CATT expresaron su solidaridad con las y los trabajadores del transporte y con las organizaciones sindicales afectadas, y denunciaron “cualquier intento de avanzar sobre la libertad sindical y el derecho constitucional de huelga, pilares fundamentales de la democracia y de la organización de los trabajadores”. En ese marco, reclamaron al Gobierno que encauce el conflicto a través del diálogo social y de las instancias institucionales previstas en la legislación laboral vigente.
“El derecho de huelga es una herramienta legítima del movimiento obrero y está protegido por la Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT”, afirmó Juan Carlos Schmid.
Mientras se aguarda la evolución de los sumarios abiertos por el Ministerio de Capital Humano, el episodio suma un nuevo capítulo a la disputa entre el Ejecutivo y el sindicalismo, y vuelve a poner en el centro de la escena la discusión sobre el alcance efectivo de los derechos colectivos del trabajo en la Argentina.
