Polémica en Corrientes por el rol de Pellegrini en el caso Loan
NewsITe
Mientras en todo el país sigue latente el reclamo de justicia por la desaparición de Loan Peña, en Corrientes la escena política ofrece una imagen que genera indignación: el senador provincial Diego Pellegrini, de la Unión Cívica Radical (UCR), continúa sentado en su banca como si nada hubiera pasado, a pesar de los cuestionamientos por su llamativa participación en uno de los giros más controvertidos de la causa.
El episodio que lo involucra se remonta a los primeros días de julio de 2024, cuando el expediente por la desaparición de Loan ya estaba en la órbita de la Justicia Federal. Aquella noche, Pellegrini viajó junto a la tía del niño, Laudelina, su hija adolescente y el abogado José Codazzi desde Nueve de Julio hasta la capital correntina. Pasada la medianoche, la mujer terminó declarando ante un fiscal provincial que el menor había sido atropellado por el matrimonio integrado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez.
A partir de esa presentación, la investigación viró durante varios días hacia la hipótesis del accidente, que con el correr de las pericias fue perdiendo sustento hasta quedar prácticamente descartada. La maniobra, denunciaron entonces distintas voces políticas y sociales, abrió sospechas sobre presiones y acuerdos para desviar el rumbo de la causa.
Fuentes políticas de Corrientes señalan a Pellegrini como un aliado cercano del exgobernador Gustavo Valdés, quien fue cuestionado desde el inicio por el manejo institucional del caso y por los intentos de bajar el tono del escándalo en la provincia. Esa trama de poder y lealtades partidarias, sostienen, habría contribuido a que el senador continuara sin ser investigado.
Acusaciones de presiones y dinero en efectivo
Con el correr de las semanas, la versión del accidente comenzó a resquebrajarse. Laudelina terminó revirtiendo su declaración inicial y aseguró que había sido presionada por el abogado Codazzi y por el propio Pellegrini. Según consta en la causa, la mujer denunció que le entregaron 50 mil pesos en efectivo, billetes que habrían sido guardados en una campera y que luego fueron secuestrados por la Justicia.
El giro en su testimonio desató un fuerte repudio social. Organizaciones, vecinos y dirigentes opositores reclamaron que se avanzara penalmente sobre todos los involucrados en la maniobra. Entre ellos, el exintendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, pidió públicamente que la Cámara de Senadores de Corrientes se reuniera de urgencia para tratar el desafuero de Pellegrini y permitir así una investigación sin privilegios.
Pese a la gravedad de las acusaciones, hasta hoy no se abrió ninguna causa concreta contra el legislador radical. De este modo, el senador seguirá ocupando su banca hasta 2027, sin que el fuero político haya dado señales de querer revisar su situación ni habilitar el avance de la Justicia.
La sombra del poder y la continuidad de los Valdés
La fotografía del recinto correntino, con Pellegrini en su escaño y rodeado de referentes del oficialismo, es leída por sectores opositores como una muestra del poder de protección que aún conserva el exgobernador Gustavo Valdés. El actual mandatario provincial es Juan Pablo Valdés, hermano del exmandatario, mientras que este último también ocupa una banca en el Senado provincial con mandato hasta 2031, lo que alimenta las críticas sobre la concentración de poder dentro de un mismo espacio político y familiar.
Para analistas políticos locales, la permanencia de Pellegrini en su cargo sin avances judiciales ni sanciones institucionales refuerza la percepción de impunidad en torno al caso Loan. En paralelo, el expediente por la desaparición del niño sigue su curso en la Justicia Federal, con la comunidad correntina y el país entero a la espera de respuestas claras sobre el paradero del menor y el rol de cada uno de los actores que intervinieron en la investigación.
La continuidad de Diego Pellegrini en el Senado, pese a los señalamientos, reaviva el debate sobre los límites del poder político cuando se cruza con una causa que conmueve a todo el país.
Mientras tanto, la pregunta sigue abierta: hasta qué punto las estructuras políticas y los acuerdos de poder pueden obstaculizar el esclarecimiento de uno de los casos más sensibles de los últimos años en la Argentina.
