El oficialismo congela el debate universitario y acelera la reforma de Glaciares
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El Gobierno nacional decidió concentrar sus esfuerzos legislativos en la reforma de la Ley de Glaciares y postergar el tratamiento de la nueva ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, pese a que la norma aprobada por la oposición el año pasado sigue vigente y bajo fuerte disputa judicial.
Fuentes del oficialismo en la Cámara de Diputados admitieron que el proyecto universitario entró en pausa. “No veo acelerando el debate”, señalaron ante la Agencia Noticias Argentinas, graficando que la prioridad absoluta para el arranque del año parlamentario será convertir en ley la reforma de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado y es presentada por Javier Milei como una señal clave para atraer inversiones en el marco del evento “Argentina Week” en Nueva York.
En la Casa Rosada reconocen que abrir la discusión sobre el financiamiento universitario podría encender una rápida reacción de la comunidad académica, con movilizaciones masivas como las que ya exhibieron estudiantes, docentes y no docentes en los últimos años. “Estaba calentando en el banco para salir a la cancha y lo mandó a sentarse”, resumió, con metáfora futbolera, un diputado libertario sobre el freno al proyecto.
Una ley vigente, un amparo judicial y un proyecto alternativo
El trasfondo del conflicto se remonta a diciembre, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a más de 40 rectores de universidades públicas, presentó un amparo por el incumplimiento de la ley 27.795, aprobada por la oposición y formalmente vigente. El juez federal Enrique Cormick dictó una cautelar que suspendió el decreto presidencial que, al promulgar la norma, había intentado frenar su aplicación hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento.
Para evitar choques en la Justicia y al mismo tiempo limitar el impacto presupuestario, el Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto de Financiamiento Universitario, con pautas de recomposición salarial más acotadas que las previstas en la ley en vigor. La iniciativa oficial plantea recuperar durante 2025 el salario real perdido por docentes y no docentes universitarios, pero convalida el fuerte recorte sufrido en 2024.
Mayorías nuevas y un escenario político diferente
Será la tercera vez, desde la asunción de Milei, que el Congreso discuta un esquema de financiamiento para las universidades nacionales. A diferencia de 2024 y 2025, cuando la oposición logró imponer su criterio y forzar incluso un veto presidencial —que luego fue revertido con insistencia legislativa—, el oficialismo llega a 2026 con un escenario más favorable: el recambio parlamentario modificó la relación de fuerzas y La Libertad Avanza viene construyendo mayorías circunstanciales para avanzar con su agenda.
En este contexto, el Gobierno apuesta a que, cuando finalmente se habilite el debate universitario, podrá imprimirle su propio ritmo y fijar los términos de la discusión, desde el alcance de la recomposición salarial hasta los mecanismos de actualización de partidas y las fuentes concretas de financiamiento.
Claves del proyecto oficial y diferencias con la ley vigente
- Recomposición salarial acotada: el proyecto oficial prevé tres aumentos de 4,1% (1° de marzo, 1° de julio y 1° de septiembre) para recuperar un 12,3% de pérdida real de 2025, sin contemplar la caída cercana al 38% registrada en 2024.
- Alcance temporal: mientras la ley vigente obliga a recomponer desde el 1° de diciembre de 2023, tomando el salto inflacionario de fines de ese año y del primer cuatrimestre de 2024, la propuesta del Ejecutivo omite buena parte de ese deterioro.
- Gastos de funcionamiento: el proyecto oficial sólo actualiza partidas en 2026 si la inflación supera el 14,3%, valor estimado en el Presupuesto. No contempla recomposición de gastos de 2024 y 2025, como sí establece la ley actualmente en vigor.
- Paritarias sin garantía contra la inflación: se mantiene la obligación de abrir negociaciones cada tres meses como máximo, pero se elimina la cláusula que imponía una actualización mensual no inferior a la inflación medida por el INDEC.
- Fuentes de financiamiento: el texto del Gobierno indica que los recursos saldrán de las partidas de educación universitaria y, si no alcanzan, de Obligaciones del Tesoro. La ley 27.795, en cambio, ordena asegurar la continuidad del sistema sin afectar la coparticipación a provincias y habilita a financiarse con ingresos corrientes superiores a los presupuestados.
- Salud universitaria: se fija un refuerzo de algo más de 80 mil millones de pesos ($80.072.460.000) para el sistema de salud universitario, sin cláusulas de ajuste ligadas a la inflación ni a los recortes de años previos.
El Gobierno busca “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales con las reales posibilidades de financiamiento”, según expone el proyecto, formulación que desde el sector académico se traduce como una convalidación del ajuste.
Con la reforma de la Ley de Glaciares al tope de la agenda y la puja por el presupuesto universitario en un compás de espera, el año legislativo se perfila marcado por una doble tensión: entre las urgencias fiscales del oficialismo y las demandas de un sistema universitario que advierte sobre el deterioro de salarios, infraestructura y servicios básicos.
