Diputados apura el debate sobre glaciares y megaminería
NewsITe
El oficialismo de Javier Milei se prepara para dar este miércoles un paso clave en la Cámara de Diputados con el debate de la reforma a la Ley de Glaciares, proyecto considerado estratégico para destrabar inversiones en megaminería e hidrocarburos. Tras la media sanción en el Senado, el Gobierno busca ahora avanzar en un plenario de comisiones y enviar una señal clara al sector extractivo, en medio de fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y de parte de la oposición.
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La discusión comenzará a las 10 en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente —presidida por el libertario José Peluc— y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz. Si bien en la Casa Rosada aspiran a que la reforma se convierta en ley antes de fin de mes, en el oficialismo admiten que este miércoles no se agotará el debate ni se firmará de inmediato el dictamen, por lo que el tratamiento podría extenderse durante la próxima semana.
En el Gobierno trabajan con la idea de capitalizar políticamente la media sanción del Senado durante el “Argentina Week 2026”, que se desarrollará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo. La intención es mostrar la flexibilización del marco regulatorio sobre glaciares y ambiente periglaciar como un atractivo adicional para grandes fondos y compañías interesadas en explotar recursos minerales y energéticos en la cordillera.
El recorrido político de la reforma
El 26 de febrero, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Glaciares con 40 votos a favor y 31 en contra. Entre los respaldos al proyecto se anotaron dos figuras del peronismo cordillerano: los ex gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y de Catamarca, Lucía Corpacci, provincias que vienen reclamando desde hace años un esquema normativo más flexible para habilitar emprendimientos mineros de gran escala.
El texto aprobado fue parte de un compromiso político asumido por la Casa Rosada con los gobernadores de distritos andinos, que presionan por una legislación “más dinámica” que, según sostienen, permita multiplicar proyectos y acelerar el ingreso de divisas. Del otro lado, bloques de la oposición dura y múltiples ONG ambientales denuncian un retroceso en materia de protección hídrica y climática.
Qué cambia con la nueva Ley de Glaciares
La iniciativa modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. El punto central es la redefinición del alcance de las zonas protegidas para habilitar, bajo ciertas condiciones, actividades de exploración y explotación económica en áreas periglaciares que hoy están vedadas para la minería, los hidrocarburos y otros emprendimientos industriales.
El proyecto elimina la prohibición automática de actividades extractivas en esas áreas y las condiciona a la aprobación de una evaluación de impacto ambiental. Además, transfiere a las provincias la potestad de determinar qué sectores del ambiente periglaciar deben tener resguardo máximo y cuáles podrían destinarse a usos productivos, reduciendo así la injerencia directa del Estado nacional.
La letra fina incorpora la noción de “formas periglaciares” y propone diferenciar aquellas que actúan como reservas estratégicas de recursos hídricos o que abastecen cuencas hidrográficas, de otras que no cumplirían esa función de manera comprobable. Solo las primeras quedarían blindadas frente a proyectos económicos, mientras que el resto podría ser habilitado caso por caso.
Inventario, prohibiciones y críticas ambientales
La reforma mantiene la protección total sobre los glaciares visibles, pero ajusta qué se entiende por ambiente periglaciar protegido. El esquema actual, vigente desde 2010, preserva tanto los glaciares como las formaciones de suelos congelados con agua dulce, roca y sedimentos. Con la modificación, se insiste en la prohibición de cualquier actividad económica sobre glaciares, pero se abre la puerta a la explotación en sectores periglaciares sin función hídrica fehaciente.
El proyecto también crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración y actualización quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. Ese inventario será la base técnica para decidir qué áreas quedan vedadas a la actividad económica y cuáles no.
- Entre las actividades prohibidas figuran la liberación de sustancias contaminantes, residuos o químicos, las obras de infraestructura, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y cualquier emprendimiento industrial que altere de manera relevante la condición natural o el valor hídrico de los glaciares protegidos.
- Entre las permitidas se contemplan las investigaciones científicas, los operativos de rescate de emergencia y la práctica de deportes no motorizados como el andinismo y la escalada, bajo protocolos específicos.
Organizaciones ambientalistas advierten que la reforma podría debilitar la protección de reservas de agua dulce clave para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático, mientras que el Gobierno defiende la necesidad de compatibilizar desarrollo productivo y cuidado ambiental.
Con posiciones fuertemente enfrentadas y presión tanto de los gobernadores como de las ONG, el debate en Diputados se perfila como uno de los más sensibles del inicio del año legislativo. El resultado definirá hasta dónde estará dispuesto el Congreso a flexibilizar la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar para facilitar el avance de la megaminería en la Argentina.
