Zdero abrió las sesiones con un paquete de reformas clave
NewsITe
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, inauguró el 58° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un mensaje fuerte hacia el sector político, empresarial y sindical. En su discurso combinó promesas de “orden fiscal” con un paquete de reformas de alto impacto: una reforma constitucional para blindar inversiones, una nueva ley de promoción económica y cambios profundos en el régimen de licencias gremiales dentro del Estado.
Según trascendió de fuentes oficiales, uno de los puntos más sensibles del anuncio es la búsqueda de estabilidad jurídica para grandes proyectos de inversión. La iniciativa apunta a que aquellas inversiones consideradas estratégicas queden protegidas frente a eventuales expropiaciones y no puedan ser afectadas por la creación de nuevos impuestos provinciales o municipales, un esquema que busca dar previsibilidad a largo plazo en una provincia que pelea por atraer capital privado.
En paralelo, Zdero destacó que su administración ya canceló más de 200 millones de dólares de deuda “heredada” y anticipó un plan de obras públicas por más de 33.000 millones de pesos hasta 2026. Entre los proyectos mencionados se incluyen acueductos, mejoras de rutas, infraestructura sanitaria y equipamiento para seguridad, con el objetivo de apuntalar el desarrollo productivo y aliviar déficits históricos en servicios básicos.
No obstante, el anuncio dejó zonas grises que ya despiertan interrogantes en la oposición y en especialistas en finanzas públicas. El gobernador no brindó un desglose detallado de cada obra, ni precisó plazos de ejecución, mecanismos de auditoría ni el impacto fiscal concreto que tendrá la anunciada “reducción progresiva de impuestos” en una provincia fuertemente dependiente de recursos nacionales.
Tensión con los gremios y debate por la reforma constitucional
Otro eje de conflicto aparece con la modificación del régimen de licencias gremiales en el Estado chaqueño. Zdero planteó que no se podrán percibir salarios sin una contraprestación efectiva de trabajo, una definición que apunta directamente a la situación de dirigentes o delegados sindicales con licencias prolongadas. En sectores como educación y la administración pública, la medida podría traducirse en un aumento de la conflictividad y en nuevas rondas de paros y movilizaciones.
En este marco, la discusión por la reforma constitucional adquiere un cariz político de fondo. El oficialismo buscará sumar apoyos para consagrar en la Carta Magna garantías especiales a inversiones de gran porte y, al mismo tiempo, avanzar en un rediseño institucional que limite el gasto y revise privilegios dentro del Estado. La oposición, en cambio, advierte sobre el riesgo de consolidar un esquema que priorice el blindaje empresario por sobre la transparencia y los controles.
- Blindaje jurídico para inversiones estratégicas frente a impuestos y expropiaciones.
- Plan de obras por más de $33.000 millones hasta 2026, sin detalle exhaustivo.
- Reforma de licencias gremiales que podría tensionar la relación con sindicatos.
- Debate abierto sobre transparencia, control del gasto y costo social del ajuste.
Con la reforma constitucional en agenda, el eje de la discusión gira en torno a quién se beneficia con el blindaje a inversiones y quién absorbe el costo cuando las decisiones de gobierno se traducen en la calle.
El escenario que se abre en Chaco combina la búsqueda de previsibilidad para el capital privado con un ajuste en el plano institucional y laboral. Mientras el oficialismo promete orden fiscal y seguridad jurídica, quedan abiertos interrogantes sobre la sustentabilidad de las medidas, la calidad del control estatal y el impacto concreto que tendrán en la vida cotidiana de los chaqueños cuando el debate salga del recinto y se traslade a la calle.
