Dalbón apunta contra el juez Amarante por la citación a Tapia
NewsITe
El abogado Gregorio Dalbón salió públicamente al cruce de la decisión del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien rechazó un planteo de nulidad de la defensa de Claudio “Chiqui” Tapia y mantuvo en pie la citación a declaración indagatoria del presidente de la AFA. La causa investiga una presunta retención indebida de más de $19.353 millones vinculada al organismo futbolístico.
Dalbón tomó como punto de partida una nota de la Agencia Noticias Argentinas para difundir un extenso comunicado en el que cuestionó con dureza el criterio del magistrado. Según el letrado, la resolución “no sorprende” a la defensa, pero debería generar preocupación en el propio juez, ya que la Cámara Nacional en lo Penal Económico aún debe resolver una apelación clave sobre la existencia misma del delito que se les imputa a Tapia y a otros directivos.
En su análisis, el abogado sostuvo que avanzar con una indagatoria mientras el tribunal superior no se expidió implica “presumir una conclusión” anticipada. Desde su perspectiva, esa decisión podría interpretarse como una forma de condicionar el debate sobre la tipicidad penal del hecho investigado, al otorgarle un estatus de hecho delictivo a una conducta cuya calificación todavía está en discusión.
La discusión jurídica: dolo específico y capacidad de pago
Dalbón hizo especial hincapié en la Ley 27.430, que reformó el régimen penal tributario. Recordó que los artículos 4° y 7° exigen la existencia de un dolo específico —es decir, la intención deliberada de evadir— y la acreditación de capacidad de pago al momento de cada vencimiento impositivo para que se configure el delito. De acuerdo con la postura de la defensa, ninguno de esos extremos habría sido demostrado en el expediente.
En esa línea, remarcó que la declaración indagatoria “no es un acto de trámite menor”, sino el momento procesal en el que se formula una imputación concreta por un hecho penalmente relevante. Llevarla adelante, mientras se discute si la conducta encuadra o no en una figura penal, podría afectar —siempre según el planteo de Dalbón— garantías constitucionales básicas, como el principio de legalidad y la presunción de inocencia.
Cuestionamientos a la imparcialidad y pasos que vienen
Otro de los focos del comunicado estuvo puesto en la figura del juez Amarante. Dalbón recordó que el magistrado enfrenta una denuncia por presuntas dádivas en el ejercicio de su función, y vinculó ese antecedente con la necesidad de que la imparcialidad judicial sea un presupuesto innegociable para la legitimidad de cualquier decisión en un proceso penal económico de alto impacto institucional como es el caso AFA.
La causa se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador ARCA (ex AFIP), que puso la lupa sobre presuntas irregularidades en el manejo de retenciones impositivas y aportes de la seguridad social en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino. Las cifras bajo análisis superan los $19.353 millones, lo que coloca al expediente entre los de mayor relevancia en materia tributaria vinculada al deporte profesional.
De acuerdo con el cronograma fijado por el juzgado, la declaración indagatoria de Claudio Tapia está prevista para el jueves 5 de marzo, mientras que el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, deberá comparecer al día siguiente. Ambos directivos llegarán a los tribunales en medio de un clima de tensión jurídica y política, a la espera de que la Cámara defina si la conducta investigada puede ser considerada delito o si, por el contrario, se trata de un conflicto de naturaleza principalmente administrativa y tributaria.
“La resolución dictada este martes por el juez Diego Amarante no nos sorprende. Debería sorprenderle a él”, enfatizó Dalbón, al insistir en que la Cámara aún debe pronunciarse sobre la existencia del delito.
Mientras la defensa insiste en que se garantice el pleno respeto de las instancias de revisión y las garantías constitucionales, la causa por presuntas retenciones indebidas en la AFA suma capítulos y mantiene en vilo al mundo del fútbol y del derecho penal económico, atento al impacto institucional que podría tener cualquier definición judicial en este expediente.
