Investigación federal por presunta defraudación al Estado
NewsITe
El ex titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y actual jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, deberá presentarse a declarar este martes ante la Justicia federal en el marco de una causa por presunta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La indagatoria fue ordenada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti en el expediente CFP 1837/2024, iniciado a partir de un requerimiento de la Fiscalía Federal N° 12, a cargo de la fiscal María Alejandra Mangano. La investigación gira en torno al otorgamiento de certificados de crédito fiscal destinados a la empresa Toyota Argentina S.A., que habrían sido utilizados de manera irregular.
Según surge de la causa, los hechos habrían ocurrido entre el 29 de marzo de 2016 y el 11 de abril de 2017, período en el que los imputados cumplían funciones en el INET y en el entonces Ministerio de Educación y Deportes. Además de Sánchez Zinny, fueron citados a indagatoria Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante.
La imputación sostiene que, desde sus cargos, los acusados impulsaron contrataciones a través del régimen de crédito fiscal que no podían realizarse por vía directa, ya que no se ajustaban al régimen de contrataciones públicas y existían vínculos personales y familiares con integrantes de las empresas beneficiadas.
El esquema bajo la lupa judicial
La maniobra investigada habría consistido en emitir certificados de crédito fiscal a favor de Toyota Argentina S.A. como empresa patrocinante de proyectos educativos contemplados en la ley 22.317. De acuerdo con la fiscalía, esos fondos terminaron destinados a servicios de consultoría y publicidad privada que no se correspondían con los fines educativos previstos en la normativa.
En los tres casos concretos que la pesquisa logró acreditar, el dinero que dejó de ingresar a las arcas del Estado nacional se habría canalizado hacia las firmas Grupo Arde SRL, Grupo SI SRL y Blink SRL. Los expedientes reseñan irregularidades en la prestación de los servicios, inconsistencias en las fechas, baja calidad de los productos y falta de documentación respaldatoria adecuada.
El presunto perjuicio económico fue estimado inicialmente en $2.854.405. Actualizado mediante la tasa activa del Banco Nación, ese monto alcanzaría hoy los $16.515.389,42. En tanto, el total originalmente presupuestado en certificados de crédito fiscal para Toyota Argentina S.A. ascendía a $7.000.000, que actualizados representarían alrededor de $40.501.514,67.
Resoluciones internas y evidencia recolectada
De acuerdo con el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, la operatoria cuestionada se sostuvo en la Resolución INET 2/2016 y en la tramitación de “expedientes especiales” que no habrían sido incorporados a los sistemas informáticos habituales del organismo. Esa modalidad, señalan los investigadores, habría permitido que las actuaciones se desarrollaran con menor control administrativo.
- Uso de certificados de crédito fiscal con fines presuntamente ajenos a los educativos.
- Contrataciones con empresas vinculadas a funcionarios o allegados.
- Expedientes tramitados por vías excepcionales y fuera de los registros ordinarios.
- Un perjuicio económico millonario para el Estado nacional, según las estimaciones fiscales.
La fiscalía consideró que la documentación incorporada, entre ella informes de la Oficina Anticorrupción y expedientes administrativos del INET, resulta suficiente para alcanzar el estándar de sospecha necesario para convocar a indagatoria a los imputados.
A partir de las declaraciones previstas, la Justicia buscará determinar el rol concreto de cada uno de los acusados en la presunta maniobra y si existieron responsabilidades individuales y jerárquicas en la aprobación y ejecución de los proyectos financiados con crédito fiscal. No se descarta que, con el avance de la causa y la incorporación de nueva prueba, puedan sumarse otras calificaciones penales o nuevos imputados.
Por el momento, Sánchez Zinny y los demás citados deberán responder ante la jueza Capuchetti por hechos que, según la acusación, podrían encuadrar en los delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
