El permiso, que se habilitó con la pandemia, sigue vigente. Distintas investigaciones judiciales estuvieron dirigidas a internos de la UP3 San Nicolás por presunta participación en delitos de extorsión, amenazas, estafas, tráfico de drogas y grooming, todos cometidos mediante teléfonos celulares. Un caso emblemático es el del peón rural Juan Woldryk, aún desaparecido, quien fue víctima de una sextorsión por parte de un interno de la cárcel local. Quienes defienden el uso de los dispositivos aseguran que redujeron la conflictividad intramuros.
De la redacción de EL NORTE
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En 2022, uno de los primeros hechos graves de delitos cometidos por internos se originó en la Unidad Penal de San Nicolás: fue un caso de “sextorsión”, término que describe la extorsión que sufren las víctimas, a menudo acusadas de haber contactado a “una menor”, una acusación sin fundamento que se utiliza para delinquir. Un caso emblemático fue el de Juan Carlos Woldryk, quien fue víctima de esta acusación y extorsión. Desapareció sin dejar rastro, y su paradero sigue siendo un misterio.
El pasado mes de diciembre, otro hecho similar tuvo trágicas consecuencias: un granadero se suicidó en la Quinta Presidencial de Olivos tras ser acusado y extorsionado por supuestos contactos con una menor. Este hombre, agobiado por la presión, realizó varios pagos solicitados para “frenar la investigación”, pero la extorsión continuó. Endeudado y sin salida, tomó la decisión de quitarse la vida.
Hasta hace pocas semanas estuvo activa la llamada “banda del millón”, una temible organización criminal que golpeaba con saña y hasta torturaba a sus víctimas en asaltos a casas de la zona norte del Conurbano. Le adjudican dos asesinatos entre el 15 de agosto y el 30 de octubre pasados y tener marcados 171 objetivos en Vicente López, San Isidro y San Fernando, según surgió al peritar el teléfono celular que le secuestraron a uno de los líderes del grupo, Hugo Castillo San Martín. ¿Lo encontraron en su casa? No, en una celda de la Unidad 9 de La Plata, donde estaba preso desde hace largo tiempo.
“Desde su lugar de encierro realiza las marcaciones de domicilios, indicando además la forma de irrumpir en los mismos y obteniendo datos de sus ocupantes a través de las páginas Telexplorer y Nosis. Además, se constató que mientras realiza ello mantiene videollamadas con sujetos [sic] cuya identidad por el momento se desconoce”, se desprende de la causa.
La justicia entiende que otros presos ejecutan diferentes delitos desde sus respectivos lugares de detención, y se especializan en modalidades distintas: extorsiones, estafas, narcotráfico, tráfico de imágenes de abuso infantil y un largo etcétera.
El terreno más complicado para esta problemática es la provincia de Buenos Aires, la única que mantiene vigente ese derecho a partir de la normativa que dictó el juez de Casación Víctor Violini en plena pandemia 2020. Entonces tenía sentido, ya que la telefonía celular era la única vía de comunicación posible entre los detenidos y sus familias y abogados.
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Pedido de Passaglia
Un año atrás, más precisamente el 5 de marzo de 2025, durante la ceremonia de apertura del periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Nicolás, el intendente Santiago Passaglia había expresado su preocupación en torno al acceso a teléfonos celulares en cárceles bonaerenses. De hecho, incluyó el asunto en una serie de tres puntos, dos de los cuales ya registraron avances en el Congreso de la Nación.
“Me gustaría que este año todos ustedes [los concejales] puedan sacar un proyecto por unanimidad pidiéndoles a la provincia y a la Nación que se aprueben estas cosas: la baja en la edad de imputabilidad, la Ley de Reiterancia y que le saquemos los celulares a los presos. Esto tiene que salir por unanimidad para saber de qué lado está cada uno: del lado de los que trabajan o del lado de los delincuentes”, sugería Passaglia, quien el jueves volverá a estar cara a cara con los concejales de San Nicolás.
Los defensores
Fuentes oficiales y de distintos ámbitos penales argumentan que la incorporación de la telefonía móvil y el uso de internet en las cárceles redujo notablemente los episodios de violencia intramuros, mejoró el acceso a la salud y limitó los incidentes de abusos institucionales, entre otros beneficios. Pero hay también muchas voces en contra, sobre todo desde la viralización de contenido que los propios reclusos suben a sus cuentas en redes sociales.
Según números oficiales, a diciembre de 2025 había en la provincia de Buenos Aires alrededor de 62.500 personas detenidas. De ese total, unos 53.000 tienen celulares registrados, es decir, un 85%.
Todas las personas que caen detenidas en una unidad penitenciaria de la provincia pueden ingresar con dispositivos de comunicación propios sin pedir autorización judicial, asumiendo todos los costos que genere cada número de teléfono. En los penales no hay red de wi-fi para los internos, quienes tampoco pueden hacer un uso indiscriminado de redes sociales. De hecho, el Servicio Penitenciario dispone de un área que las “patrulla” en busca de posteos o acciones indebidas. De detectarlas, se identifica al usuario, se requisa su celda y se le secuestra el móvil.
