El fiscal del caso Loan se despega de las presiones políticas.
La desaparición de Loan Peña en Corrientes se convirtió en uno de los expedientes más sensibles de los últimos años y, al mismo tiempo, en el centro de una fuerte disputa política y mediática. En ese escenario, el fiscal federal Carlos Schaefer trazó una clara línea divisoria: aseguró que su equipo trabaja únicamente sobre hechos y pruebas, intentando aislar la investigación de cualquier injerencia partidaria.
En diálogo con Noticias Argentinas, Schaefer explicó que cuenta con un grupo especial de fiscales abocado de forma exclusiva al caso. Según detalló, la premisa central es no seguir «ninguna cuestión política y menos partidaria», en un contexto donde la presión de dirigentes, medios de comunicación y redes sociales es constante. El objetivo, remarcó, es sostener la independencia del Ministerio Público y concentrarse en reconstruir con precisión qué pasó con el niño.
El fiscal subrayó que la pesquisa se guía por la evidencia reunida y por los procedimientos formales de la causa. En ese sentido, planteó que cualquier intento de condicionamiento externo o maniobra de presión deberá ventilarse, llegado el momento, en el debate oral. «Si en algún momento de la investigación hubo algún tipo de involucramiento o presión política, eso va a ser expuesto en el juicio, por eso es oral y público», sostuvo.
Schaefer también fue consultado acerca de posibles amenazas o aprietes recibidos durante la instrucción. Al respecto, fue categórico: indicó que, en lo personal, no sufrió presiones y que no permitiría que eso ocurra. De presentarse una situación de ese tipo, dijo, conoce los mecanismos institucionales para denunciar y actuar en consecuencia, desde dar intervención a organismos de control hasta reforzar medidas de seguridad y resguardo de la prueba.
Críticas a las primeras actuaciones y expectativa por el juicio
Otro de los puntos que el fiscal puso sobre la mesa fue la complejidad de las primeras actuaciones en el expediente. Schaefer admitió que el inicio de la investigación estuvo condicionado por el rol del comisario Maciel como principal referente en el terreno. Ese punto, señaló, marcó un arranque problemático: «Entendemos que la primera actuación que se hizo fue complicada porque el actor principal era el comisario Maciel, por lo que desde ahí arrancamos mal», analizó.
Para el representante del Ministerio Público, ese inicio irregular quedó en evidencia con el paso del tiempo y con la llegada de nuevos equipos de trabajo al caso. «Claramente que se podrían haber hecho las cosas distintas, no queda duda, y eso se demuestra porque hay gente que vino a entorpecer», advirtió, en referencia a maniobras que, según su mirada, alejaron a la investigación de los tiempos y protocolos ideales en un caso de desaparición.
Ante este escenario, Schaefer reclamó que el juicio se realice lo antes posible. Considera que el debate oral y público permitirá ordenar versiones, evaluar responsabilidades y transparentar eventuales interferencias. «Exigimos que se haga el debate oral y público, porque a veces muchos sacamos conclusiones que antes omitimos», señaló, aludiendo tanto a los investigadores como a la opinión pública.
Mientras la causa avanza y se aguarda la elevación a juicio, la discusión sobre el impacto de la presión política sigue abierta. Para el fiscal, la clave está en sostener la autonomía judicial y garantizar que cualquier sospecha de injerencia se discuta a la luz del día en el tribunal, con pruebas sobre la mesa y bajo el control de las partes y de la sociedad.
