El Municipio endurece la política de orden en el espacio público
NewsITe
Mar del Plata abrió su año legislativo con un mensaje de fuerte impronta en materia de seguridad y control urbano. Durante la apertura del período de sesiones del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, el intendente Agustín Neme anunció un paquete de medidas que busca reforzar la presencia del Estado municipal en la vía pública, con foco en patrullaje, equipamiento y regulaciones sobre la actividad de cuidacoches.
En su discurso, Neme señaló a la Patrulla Municipal como el eje operativo de esta estrategia. Según datos oficiales, el cuerpo intervino durante 2025 en 7.618 denuncias realizadas por vecinos, que derivaron en 266 aprehensiones vinculadas a diferentes infracciones y contravenciones. El objetivo para este año es ampliar la capacidad de respuesta, sumar más móviles y consolidar la presencia territorial en barrios y zonas de alta circulación turística.
El anuncio que generó mayor repercusión fue la iniciativa acordada con el Ministerio de Seguridad de la Nación para avanzar en la expulsión de quienes ejerzan la actividad de cuidacoches de manera ilegal y no tengan domicilio en Mar del Plata. La medida, presentada como una respuesta a reclamos de residentes y turistas, abre interrogantes sobre su encuadre legal, los criterios para determinar la situación de cada persona y los mecanismos de aplicación en operativos concretos.
Armas no letales, bodycams y patrulla motorizada
En paralelo, el Municipio confirmó la compra de pistolas Birna, catalogadas como armas no letales, y la incorporación de cámaras corporales (bodycams) para el personal de la Patrulla Municipal. Desde el Ejecutivo argumentan que estas herramientas permitirán intervenir frente a situaciones de violencia con menor riesgo y, al mismo tiempo, aportar registros audiovisuales de cada procedimiento para reforzar la transparencia.
Otro de los puntos salientes fue la creación de un cuerpo motorizado dentro de la Patrulla Municipal, pensado para mejorar la capacidad de desplazamiento, llegar con mayor velocidad a los lugares de conflicto y reforzar controles en zonas donde los patrulleros tradicionales tienen dificultades de acceso. Se prevé que las motos se utilicen tanto en operativos programados como en recorridos preventivos diarios.
Promesas económicas y dudas sobre costos y controles
El mensaje de Neme también buscó mostrar resultados en el frente económico. El intendente mencionó una tasa de desempleo del 6,8% en el último trimestre de 2025, la implementación de un sistema de “Habilitaciones Express” con permisos provisorios en 24 horas para nuevos comercios y la intención de avanzar hacia un esquema similar a un RIGI municipal, con beneficios fiscales para inversiones productivas.
- Patrulla Municipal como columna vertebral del esquema de seguridad local.
- Programa para desalentar la actividad de cuidacoches irregulares sin domicilio en la ciudad.
- Adquisición de armas no letales y bodycams para operativos en la vía pública.
- Promesa de incentivos e instrumentos para atraer inversiones y empleo.
No obstante, el discurso dejó sin respuestas precisas el costo total de la expansión de la Patrulla Municipal: compra de vehículos, motos, cámaras, armas no letales y equipamiento tecnológico. Tampoco se detallaron en profundidad los protocolos de actuación, los mecanismos de control interno ni las instancias de auditoría externa sobre procedimientos que, según anticipó la propia gestión, serán más frecuentes y podrán resultar más intrusivos en el espacio público.
Con el refuerzo de la Patrulla y la política de “mano firme”, se abre en Mar del Plata una discusión clave: hasta dónde puede avanzar el Municipio en medidas de control y qué garantías existen para evitar abusos o discrecionalidad en la aplicación de sanciones.
En ese escenario, el inicio del año legislativo anticipa un debate que excede la coyuntura local: el equilibrio entre seguridad, derechos ciudadanos y transparencia institucional en las grandes ciudades argentinas. Concejo Deliberante, organizaciones sociales y especialistas en derecho deberán ahora aportar definiciones sobre el alcance real de estas políticas y los resguardos necesarios para que el objetivo de “orden” no derive en prácticas arbitrarias.
