Alquiler por $720 millones en pleno centro porteño genera ruido interno
NewsITe
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, avanzó con la contratación del alquiler de oficinas en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, en plena Diagonal Norte, por un total de $720 millones por 12 meses. El convenio incluye los pisos 3°, 4°, 5° y 6° del inmueble, además de 24 cocheras en el mismo edificio, en una operación que ya genera cuestionamientos internos por la forma en que se tramitó.
De acuerdo con documentación a la que accedió Noticias Argentinas, mientras el expediente oficial contemplaba el pedido formal a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para constatar si existía algún inmueble estatal disponible, una nota de la propia Dirección de Compras ya mencionaba como “resultado” el mismo edificio de Roque Sáenz Peña 788, con los pisos y cocheras detallados. Es decir, en los papeles se pedía verificar alternativas, pero en paralelo ya se perfilaba al inmueble finalmente elegido.
El pliego técnico sumó otra restricción: exigía que el inmueble estuviera ubicado dentro de un radio de 500 metros de la actual sede del ministerio —que funciona precisamente en Roque Sáenz Peña 788—, con plantas de entre 800 y 1.000 metros cuadrados por piso y la disponibilidad de 24 cocheras. Esas condiciones operaron, en los hechos, como un traje a medida para el mismo edificio donde ya opera la cartera.
Contratación directa y un solo oferente
El proceso se tramitó como Contratación Directa por Adjudicación Simple para locación de inmuebles (proceso 507-0008-CDI25). Según el registro del sistema COMPR.AR, sólo se invitó a un proveedor: la firma OTOBA S.A. La secuencia concluyó con una única oferta, exactamente por el mismo monto que figuraba en el expediente: $720.000.000 por el año de locación.
El canon mensual fue respaldado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que fijó un valor de $15 millones por cada piso, incluyendo cocheras, lo que arroja un total de $60 millones mensuales. En el contrato se aclara que el precio por piso “no va a estar sujeto a actualización” durante la vigencia del acuerdo, un aspecto relevante en un contexto de alta inflación.
Sin embargo, el texto contractual traslada al Estado la carga de todos los costos de funcionamiento habituales: las expensas ordinarias y servicios de gas, electricidad, telefonía y agua —cuando corresponda— quedan a cargo de la administración pública. En tanto, las expensas extraordinarias se asignan a la locadora, OTOBA S.A. Además, se incluyó un margen operativo del 20% para eventuales ampliaciones o reducciones del monto total.
Cláusulas sensibles y dudas sobre la documentación
Otra diferencia entre el pliego y el contrato aparece en las condiciones de rescisión. Mientras que los pliegos preveían la posibilidad de terminar el vínculo por “oportunidad, mérito y conveniencia” con un preaviso de 15 días, el contrato finalmente firmado establece una rescisión unilateral con un aviso mínimo de 60 días, lo que alarga los tiempos para que el Estado pueda dar por concluida la relación contractual.
En la trastienda administrativa, el expediente deja constancia de que parte de la documentación presentada por OTOBA tenía fecha de emisión 28/08/2025 y “no daba cumplimiento” con lo requerido originalmente. Por ese motivo, el organismo intimó a la empresa a subsanar las falencias a través del sistema COMPR.AR, lo que, según quedó asentado, se cumplió dentro de los plazos estipulados.
Tras la firma del contrato de locación, la Dirección General de Administración notificó a la AABE la suscripción del acuerdo y volvió a remarcar que el monto total de $720 millones “no está sujeto a actualización”. La adjudicación quedó formalizada por resolución firmada por el propio Sturzenegger, y se autorizó la emisión de la orden de compra correspondiente.
Quién está detrás de OTOBA y vínculos societarios
En registros públicos vinculados a OTOBA S.A. aparece el apellido Beca Borrego. Un edicto publicado en el Boletín Oficial dio cuenta de la cesación de un directorio integrado, entre otros, por Rafael Beca Borrego, y de la designación de Enrique Beca Borrego como presidente, manteniéndose Fernando Gabriel Schilman en el directorio.
En España, el apellido Beca Borrego se asocia al Grupo Bekinsa, un histórico desarrollador inmobiliario con base en Sevilla. Su página institucional indica que la compañía surge de Beca Inmobiliaria S.A., fundada en 1973, y sostiene haber entregado más de 27.000 viviendas. Sin embargo, el expediente argentino del alquiler no establece de manera explícita un vínculo entre OTOBA y Bekinsa, más allá de la coincidencia del apellido en documentación societaria disponible en registros públicos.
La operación por $720 millones, el mecanismo de contratación directa con un único oferente y las particularidades del pliego y del contrato alimentan el debate interno sobre los criterios de transparencia y eficiencia en la administración de bienes del Estado.
Mientras el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanza con su instalación plena en Diagonal Norte, las condiciones del alquiler y los actores empresariales involucrados quedan bajo la lupa de los organismos de control y de la opinión pública.
