Con la adhesión de ATE, el paro del lunes 2 de marzo se extenderá a todos los sectores de la administración pública bonaerense. Se sumará a las huelgas ya definidas por docentes y judiciales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires anunció un paro de actividades para el lunes 2 de marzo y confirmó así su adhesión a la protesta que ya habían resuelto los gremios docentes y los trabajadores judiciales. La decisión amplía el alcance de la medida y anticipa una jornada con fuerte impacto en el funcionamiento del Estado bonaerense.
El paro fue definido por el gremio que conduce Claudio Arévalo durante una reunión del Consejo Directivo Provincial, en la que se analizaron acciones frente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Los empleados públicos vienen de rechazar la última propuesta salarial presentada por el gobierno de la provincia en el marco de la negociación paritaria.
Desde ATE, no obstante, apuntaron principalmente al Gobierno nacional y señalaron que el presidente Javier Milei es el “responsable de la depreciación del salario en el sector público bonaerense”. De ese modo, el conflicto quedó planteado en un escenario que combina reclamos provinciales con cuestionamientos a la política económica nacional.
Más allá de las formalidades del comunicado, lo concreto es que el gobernador Axel Kicillof enfrentará el lunes un paro que alcanzará a todos los sectores de la administración pública. A ese cuadro se suma que será el primer año en el que las clases no comenzarán en tiempo y forma en las escuelas bonaerenses.
“El Gobierno nacional viene aplicando tarifazos que impactan sobre el salario y también asfixia a los bonaerenses al quitarle 22 billones de pesos de fondos que debe girarle a la Provincia. En estos dos años de ajuste, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó el 593% y el nivel general de precios el 200%”, indicaron desde ATE en un comunicado.
Además del reclamo salarial, el gremio incluyó una serie de demandas estructurales, entre ellas recategorizaciones para el conjunto de los trabajadores estatales, el pase a planta permanente de todos los temporarios que hayan ingresado hasta diciembre de 2025 y la derogación inmediata de la resolución 293, junto con la elaboración de una nueva normativa para el sector educativo.
Docentes y judiciales, los gremios que activaron la protesta
El primer sector en anunciar una medida de fuerza fue el Frente de Unidad Docentes Bonaerense (FUDB), que logró la adhesión unánime de los gremios que lo integran para no iniciar las clases el lunes 2 de marzo.
Entre los motivos del paro, el FUDB incluyó reclamos dirigidos al Gobierno nacional, como la “devolución” del Incentivo Docente —fondo eliminado al inicio de la actual gestión—, el aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional. A esos puntos se sumó también la exigencia de una recomposición salarial, que corresponde al ámbito de negociación provincial.
Días después, los trabajadores nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) anunciaron que también se plegarán a la huelga. El gremio resolvió un paro “sin presencialidad y sin teletrabajo”, en reclamo de “una propuesta salarial superadora” que permita “equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”.

