Media sanción en el Senado y fuerte disputa por el modelo ambiental
NewsITe
El Senado de la Nación aprobó este jueves, por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, la reforma a la Ley de Glaciares, una norma clave en la regulación ambiental de las zonas de alta montaña. La media sanción desató la euforia del oficialismo, que siguió el tramo final de la sesión desde los palcos, mientras afuera del Congreso se registraban incidentes y protestas de organizaciones ambientalistas.
Desde uno de los palcos celebraron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, quienes consideraron la aprobación como un paso central para reimpulsar inversiones en minería e hidrocarburos en provincias cordilleranas.
La iniciativa fue presentada como un compromiso del Gobierno con los gobernadores de la región andina, que ven en la flexibilización de la normativa una herramienta para destrabar proyectos productivos paralizados por las restricciones actuales. Del otro lado, bloques opositores, especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que la reforma implica un retroceso en la protección del agua y de los ecosistemas de montaña.
Qué cambia con la nueva reforma
La ley 26.639, vigente desde 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. La reforma aprobada redefine el alcance de las áreas protegidas, al introducir el concepto de “formas periglaciares” y exigir que las formaciones tengan una función hídrica comprobable para quedar alcanzadas por la máxima protección.
En la práctica, esto implica que no todo el ambiente periglaciar quedará vedado a la explotación económica: solo las zonas identificadas como reservas estratégicas de recursos hídricos o proveedoras de agua para la recarga de cuencas mantendrán las actuales restricciones. El resto podría habilitar proyectos mineros, hidrocarburíferos e industriales, siempre bajo regulación provincial y nacional.
El texto mantiene la prohibición de actividades contaminantes y de exploración y explotación minera e hidrocarburífera sobre los glaciares propiamente dichos, así como la realización de obras de infraestructura que alteren de modo relevante su condición natural. En cambio, continúan permitidas las investigaciones científicas, las tareas de rescate y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.
La iniciativa también crea el Inventario Nacional de Glaciares y Formas Periglaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con coordinación de la Secretaría de Energía. Ese organismo deberá identificar las formaciones y clasificarlas según tengan o no función hídrica, una definición que será clave para el futuro de los proyectos de inversión.
Incidentes y tensión afuera del Congreso
Mientras en el recinto se desarrollaba el debate, en las inmediaciones del Congreso se produjeron incidentes con manifestantes ambientalistas. Una docena de activistas de Greenpeace fue detenida tras intentar irrumpir en el edificio, lo que derivó en un fuerte operativo de seguridad. Además, un camarógrafo del canal A24 denunció haber sido reprimido con gas pimienta cuando intentaba registrar los hechos.
Las protestas se enmarcaron en el rechazo de diversas organizaciones al cambio normativo, a las que se sumaron académicos y sectores de la oposición que sostienen que la reforma podría dejar sin protección entre un 25% y un 50% del recurso hídrico asociado a cuencas en provincias patagónicas, según advirtieron senadores opositores durante la sesión.
Argumentos a favor y en contra en el recinto
Desde el oficialismo, el senador Agustín Coto (La Libertad Avanza) defendió la reforma al señalar que “responde a la necesidad de armonizar la normativa” y que “se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar”. Otros legisladores libertarios, como Bruno Olivera y Enzo Fullone, remarcaron que la iniciativa busca eliminar “ambigüedades jurídicas” y fortalecer el federalismo, devolviendo a las provincias mayor margen de decisión sobre sus recursos naturales.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, cerró el debate reclamando terminar con la “falsa dicotomía” entre protección ambiental y trabajo: sostuvo que “no se toca la columna vertebral de la ley” y que una mejor delimitación de áreas permitirá destrabar inversiones, generar empleo y producción sin resignar controles ambientales.
En la vereda opuesta, senadores del Justicialismo, la UCR y otros bloques provinciales calificaron la reforma como “regresiva” e “ideológica”. Daniel Bensusán, Carlos Linares, Martín Soria, Anabel Fernández Sagasti y otros legisladores advirtieron que el texto flexibiliza estándares ambientales, habilita un “dumping” regulatorio entre provincias y prioriza intereses extractivos por sobre la protección del agua y de las comunidades de montaña.
Algunos opositores plantearon incluso posibles vicios de inconstitucionalidad, por desconocer jurisprudencia de la Corte Suprema y compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú. También remarcaron que existen amplias zonas con potencial minero por fuera de ambientes glaciales y periglaciales, por lo que, a su entender, la urgencia económica no justifica modificar el esquema actual de protección.
Lo que viene: debate caliente en Diputados
Con la media sanción del Senado, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera una discusión igual o más intensa que la registrada en la Cámara alta. Gobernadores de provincias cordilleranas, cámaras empresarias, organizaciones ambientales y especialistas en derecho ambiental seguirán de cerca el tratamiento, en un contexto de fuerte disputa por el modelo de desarrollo y el rol de los recursos naturales en la generación de divisas.
- El oficialismo apuesta a mostrar la reforma como una “modernización” que combina control ambiental y desarrollo productivo.
- La oposición y el ambientalismo sostienen que se abre la puerta a un retroceso en la protección del agua y de ecosistemas estratégicos.
En el centro de la discusión está una pregunta de fondo: cómo equilibrar la necesidad de dólares y empleo con la preservación de los recursos naturales que sostendrán a las próximas generaciones.
El desenlace en Diputados definirá si la Argentina mantiene el esquema de protección vigente desde 2010 o si avanza hacia un nuevo marco regulatorio para glaciares y ambientes de alta montaña, con impactos de largo plazo sobre la matriz productiva y la política ambiental del país.
