El Gobierno impulsa cambios en la protección de glaciares
NewsITe
El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (26.639), que el Gobierno impulsa y se debate en el Senado, abre un fuerte debate sobre el equilibrio entre la protección de las fuentes de agua dulce y el desarrollo de actividades extractivas, en particular la minería y los hidrocarburos. La iniciativa propone un giro en el modelo de preservación vigente desde 2010.
La norma actual establece una protección estricta de los glaciares y de los ambientes periglaciales, entendidos como reservas estratégicas de agua para el consumo humano, la agricultura y la conservación de ecosistemas de alta montaña. Bajo ese esquema, se prohíben de manera automática actividades como la minería metalífera a gran escala y la explotación de hidrocarburos en esas zonas sensibles.
La propuesta oficial busca flexibilizar este enfoque. En lugar de una prohibición general, plantea que cada proyecto extractivo sea evaluado caso por caso mediante estudios de impacto ambiental y autorizaciones específicas. Esto abriría la posibilidad de que empresas mineras y petroleras operen en áreas hoy vedadas por la ley, siempre que logren la aprobación de las autoridades competentes.
Uno de los puntos más controvertidos es la redefinición del Inventario Nacional de Glaciares. El proyecto pretende acotarlo solo a aquellos cuerpos de hielo considerados de carácter estratégico para la reserva de agua, lo que, según especialistas y organizaciones ambientales, dejaría amplias zonas periglaciales sin cobertura legal efectiva y, por lo tanto, expuestas a intervenciones de alto impacto.
Posturas enfrentadas: desarrollo minero vs. protección ambiental
Desde el Poder Ejecutivo se sostiene que la reforma permitiría destrabar inversiones millonarias en minería y energía que, argumentan, hoy se encuentran frenadas por las restricciones de la ley vigente. Funcionarios y voceros de la industria aseguran que la actividad podría desarrollarse con controles modernos, tecnologías de menor impacto y mecanismos de compensación ambiental.
- Flexibilización de la prohibición automática de actividades extractivas en zonas glaciales y periglaciales.
- Reducción del alcance del Inventario Nacional de Glaciares a sectores “estratégicos”.
- Evaluaciones caso por caso para habilitar proyectos mineros y de hidrocarburos.
- Potenciales inversiones y desarrollo económico para provincias cordilleranas.
En la vereda opuesta, organizaciones como Greenpeace, asambleas ciudadanas y especialistas en recursos hídricos alertan sobre los riesgos de avanzar sobre ecosistemas que cumplen un rol clave en la regulación del ciclo del agua. Advierten que, en escenarios de cambio climático y retroceso acelerado de glaciares, reducir la protección podría agravar la crisis hídrica en distintas regiones del país.
ONG ambientales sostienen que el uso de sustancias químicas en la minería y posibles filtraciones podrían contaminar fuentes de agua potable que abastecen a poblaciones enteras, además de provocar daños irreversibles en glaciares y ambientes periglaciales.
Para los colectivos ambientalistas, la eventual aprobación de la reforma implicaría poner en riesgo la principal reserva de agua dulce del país, deteriorar la regulación natural de cuencas y afectar servicios ecosistémicos esenciales para comunidades rurales y urbanas. Mientras tanto, el Senado se convierte en el escenario central de una discusión que vuelve a poner sobre la mesa el modelo de desarrollo que la Argentina busca para las próximas décadas.
