La Cámara de Casación Penal bonaerense confirmó la responsabilidad penal, pero ordenó dictar una nueva sentencia por deficiencias en la fundamentación de la pena.
La Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló la condena de cuatro años de prisión impuesta a un policía bonaerense que en 2021 le disparó a su pareja embarazada y le provocó una discapacidad permanente. Si bien el tribunal confirmó su responsabilidad penal, ordenó que se dicte una nueva sentencia al advertir falencias en la fundamentación de la pena y en la valoración integral de la prueba.
David Alejandro Barreto Riveros había sido condenado en marzo de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de Lomas de Zamora a cuatro años de prisión, bajo la modalidad domiciliaria, por el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, el vínculo y mediar violencia de género.
La querella, a cargo del abogado Rodrigo Tripolone, apeló el fallo al considerar que la pena era “absurda y fragmentaria” frente a la gravedad del hecho. Además, sostuvo que existió dolo homicida y que el ataque debía ser encuadrado como tentativa de femicidio.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal rechazó la recalificación del hecho como intento de femicidio, pero hizo lugar parcialmente al planteo de la víctima. En ese sentido, anuló la sentencia y reenvió el expediente al tribunal de origen para que vuelva a determinar la pena con fundamentos adecuados.
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El hecho ocurrió el 3 de diciembre de 2021 en la vivienda que la pareja compartía en Banfield, partido de Lomas de Zamora. La víctima, Yamila Belén Humeres, también integrante de la fuerza policial, cursaba un embarazo avanzado al momento del ataque.
Durante el debate oral, la mujer declaró que Barreto Riveros tomó su arma reglamentaria, se apuntó a sí mismo y luego hacia ella. En medio de un forcejeo, el arma se accionó y el disparo impactó en su pierna derecha. La bala atravesó el fémur y le provocó una lesión de extrema gravedad, con riesgo vital inmediato.
Como consecuencia del cuadro crítico, los médicos decidieron inducir el parto mediante una cesárea de urgencia para preservar la vida del bebé. La víctima debió someterse a intervenciones quirúrgicas complejas y a una prolongada internación.
Las secuelas fueron irreversibles. Humeres quedó con una discapacidad permanente, pérdida de movilidad y limitaciones que afectan su vida cotidiana. Ya no puede desempeñarse como policía operativa y fue reasignada a tareas administrativas. Para movilizarse necesita un bastón.
El imputado sostuvo que el disparo fue accidental y que el arma se accionó al caer mientras la limpiaba. Esa versión fue mencionada inicialmente por la propia víctima en el hospital. Sin embargo, las pericias balísticas determinaron que el arma no podía dispararse por una caída ni de forma involuntaria, ya que requería una presión directa sobre el gatillo.
En su apelación, la querella argumentó que el tribunal reconoció la gravedad del ataque, pero no la reflejó en la calificación ni en el monto de la pena. “En la apelación sostuve que el ánimo homicida estaba detectado, solo que no se concretó por algo ajeno a su voluntad, ya que la víctima forcejeó y evitó el disparo a la cabeza, desviándolo hacia su pierna”, explicó Tripolone.
Al revisar el caso, Casación confirmó la autoría del disparo y rechazó los planteos de la defensa. No obstante, consideró atendible el cuestionamiento sobre la fundamentación de la pena y ordenó al Tribunal Oral de Lomas de Zamora dictar un nuevo fallo en relación con el monto de la condena.
