El oficialismo acelera cambios en el sistema de votación
NewsITe
El Gobierno nacional avanza en los trazos finales de un paquete de reforma electoral que apunta a modificar de manera profunda el sistema de votación vigente en la Argentina a partir de 2026. Según dejaron trascender altas fuentes oficiales, el presidente Javier Milei podría anunciar los principales lineamientos este domingo 1° de marzo, durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
En la Casa Rosada trabajan sobre un borrador elaborado por el asesor presidencial Santiago Caputo, que retoma proyectos ya discutidos en el pasado reciente y les imprime el sello libertario. El eje de la discusión pasa por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un instrumento que desde su creación generó resistencias y que hoy vuelve al centro de la escena política.
En el oficialismo explican que la intención es dejar atrás el esquema actual de doble instancia de votación y avanzar hacia un modelo que, según sostienen, «simplifique y unifique» el proceso electoral. La eliminación de las PASO se presenta como un modo de reducir costos, concentrar la competencia en las elecciones generales y evitar que el electorado deba concurrir varias veces a las urnas en un mismo año.
Boleta Única de Papel y cambios en todo el país
El proyecto también contempla la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este sistema, ya vigente en algunas jurisdicciones como Santa Fe y Córdoba, reemplaza a las tradicionales boletas partidarias por una única papeleta que contiene toda la oferta electoral, lo que busca disminuir el ausentismo de boletas, el robo de papeletas y los costos de impresión.
No obstante, la Constitución reconoce la autonomía de cada provincia para definir la modalidad de sus comicios locales. Por eso, el plan de La Libertad Avanza es promover un debate en cada distrito para enumerar las ventajas y dificultades de la Boleta Única, y explorar acuerdos políticos que permitan una adopción lo más uniforme posible en todo el territorio nacional.
Régimen de partidos y financiamiento de campañas
Otro de los aspectos sensibles de la iniciativa oficial es la revisión integral del régimen de partidos políticos y del esquema de financiamiento de la actividad proselitista. El objetivo declarado es lograr una distribución «más eficiente» de los fondos destinados a las campañas y ajustar los controles sobre el origen y uso del dinero.
En esa línea, el borrador retoma puntos del fallido proyecto de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, que naufragó en el Congreso en años anteriores. Entre ellos, se analizan medidas como el incremento de los topes para los aportes privados, la eliminación de espacios de publicidad electoral gratuita en medios de comunicación y la reducción del financiamiento público directo a las campañas.
- Revisión del financiamiento público y privado de los partidos.
- Posible modificación de los topes de aportes y de la publicidad electoral.
- Reducción del plazo para la difusión de encuestas preelectorales.
Además, se estudia acotar el período en que se pueden difundir encuestas de opinión antes de cada elección: el proyecto previo proponía reducir de ocho a tres días el plazo de veda para los sondeos, con la intención de evitar que las últimas mediciones condicionen el voto en el tramo final de la campaña.
Nuevos controles y debate legislativo por delante
Entre las novedades institucionales, el borrador contempla la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral, un cargo orientado a fortalecer el control judicial sobre el cumplimiento de las normas en materia de financiamiento, propaganda y transparencia del proceso electoral.
En el oficialismo hablan de una «modernización del sistema electoral» y advierten que la discusión en el Congreso será clave para definir el alcance real de los cambios que empezarán a regir hacia 2026.
El anuncio durante la Asamblea Legislativa marcaría el inicio formal de un arduo debate parlamentario que atravesará todo el año político. Con un Congreso sin mayorías propias, el Gobierno necesitará tejer acuerdos con la oposición dialoguista y con los gobernadores para convertir en ley una reforma que podría redefinir la competencia electoral en la Argentina en los próximos años.
