Ferraro viaja a Mendoza para defender la normativa vigente

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La Coalición Cívica (CC) volvió a marcar distancia del Gobierno nacional al rechazar de plano los cambios impulsados sobre la Ley de Glaciares. El diputado nacional y presidente del espacio, Maximiliano Ferraro, viajó a Mendoza para encabezar una agenda de reuniones con especialistas y legisladores provinciales, con el objetivo de respaldar la plena vigencia de la norma y advertir sobre los riesgos que implicarían eventuales modificaciones.
Según trascendió en ámbitos parlamentarios, Ferraro mantendrá entre hoy y mañana encuentros con representantes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo de referencia en el estudio y monitoreo de los glaciares en el país, así como con investigadores del Centro Científico Tecnológico de Mendoza, dependiente del CONICET. La intención es recabar información técnica actualizada y fortalecer los argumentos científicos en defensa de la ley.
El referente de la CC viene sosteniendo que la Ley de Glaciares no constituye un freno al desarrollo económico, sino una política de Estado clave para asegurar el acceso al agua y la protección de ecosistemas estratégicos. En línea con esa posición, en Mendoza buscará visibilizar el rol central que cumplen las áreas glaciares y periglaciares como reservas hídricas para consumo humano, riego, generación de energía y actividades productivas en distintas regiones del país.
En distintas declaraciones públicas, Ferraro insistió en que cualquier intento de modificar la legislación debe evitar retrocesos en materia ambiental. Advirtió que la flexibilización de los controles sobre la actividad minera y otras explotaciones en zonas sensibles podría comprometer no solo los glaciares, sino también el equilibrio de economías regionales que dependen directamente de la disponibilidad de agua.
Debate ambiental, desarrollo productivo y rol de la ciencia
Desde la Coalición Cívica remarcan que el eje del debate no debería centrarse en una falsa contradicción entre ambiente y producción, sino en cómo garantizar un desarrollo sostenible apoyado en la evidencia científica. En ese sentido, la participación de organismos como el IANIGLA y centros de investigación de Mendoza se considera fundamental para aportar datos, diagnósticos y proyecciones de largo plazo.
- Defensa de la vigencia plena de la actual Ley de Glaciares.
- Rechazo a cambios que impliquen menor protección de áreas glaciares y periglaciares.
- Reclamo de un debate informado, con base en estudios científicos.
- Enfoque en el agua como bien común estratégico para las comunidades.
“La Ley de Glaciares no es una traba al desarrollo, sino una verdadera política de Estado que garantiza las condiciones básicas para que todas las actividades productivas puedan sostenerse en el tiempo”, sostienen desde la Coalición Cívica.
En el espacio que lidera Ferraro consideran prioritario asegurar que cualquier discusión legislativa contemple el derecho al agua de las generaciones presentes y futuras. Por eso, insisten en que el tratamiento de eventuales cambios a la normativa debe darse en el Congreso con transparencia, participación de expertos y amplia información pública, evitando decisiones apresuradas que puedan comprometer uno de los recursos naturales más sensibles del país.

