El Senado se prepara para tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil
NewsITe
El Senado de la Nación se encamina a debatir y convertir en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, iniciativa impulsada por el oficialismo tras la amplia aprobación obtenida en la Cámara de Diputados. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, diagramó una sesión especial para el próximo jueves que incluirá la votación del dictamen surgido de un plenario de comisiones, junto con la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
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El proyecto plantea una reforma profunda del sistema vigente, heredado de la última dictadura, e introduce un cambio central: la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Sin embargo, el texto no se limita a ese aspecto: combina una mirada fuertemente punitiva sobre los delitos cometidos por menores con un esquema de sanciones alternativas y medidas orientadas a la resocialización y reinserción social.
Entre los ejes destacados se encuentra la eliminación de la prisión perpetua para menores, fijando un máximo de 15 años de cárcel. Además, se establece la prohibición de que jóvenes en conflicto con la ley penal sean alojados junto a adultos, y se promueve un abanico de sanciones no privativas de la libertad, como reglas de conducta, programas educativos, trabajos comunitarios y dispositivos de acompañamiento.
Cómo funcionaría el esquema de sanciones
La letra del proyecto diferencia claramente la respuesta del Estado según la gravedad del delito. Para los hechos con penas menores a 3 años, se descartan las penas de prisión y se priorizan medidas socioeducativas. En los casos con penas de entre 3 y 10 años, siempre que no haya resultado muerte ni lesiones graves, también se busca privilegiar alternativas al encierro, con foco en la contención, el seguimiento y la reinserción.
Otro aspecto clave, introducido a pedido de los bloques dialoguistas, es el financiamiento específico para poner en marcha el régimen. El texto prevé más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General de la Nación y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de garantizar defensores, equipos técnicos, infraestructura adecuada y dispositivos de tratamiento para los jóvenes.
En el borrador original, los recursos quedaban supeditados a la decisión de la Jefatura de Gabinete, lo que encendió alertas en la oposición por el riesgo de que la ley quedara en mera declaración programática. El nuevo esquema de asignaciones intenta responder a ese reclamo y dar previsibilidad a la implementación.
Argentina, el contexto regional y el debate político
Según remarcan los impulsores de la reforma, Argentina es, junto con Cuba, uno de los pocos países del continente que todavía no cuenta con un régimen penal juvenil integral. La discusión se centra en cómo lograr un equilibrio entre la aplicación de sanciones diferenciadas para menores y la obligación de generar condiciones reales de resocialización, para evitar que quienes ya estuvieron privados de libertad vuelvan a caer en el circuito delictivo.
La iniciativa sintoniza con la línea dura que expresaron públicamente Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei, resumida en frases como “delito de adulto, pena de adulto” y “el que las hace, las paga”. El oficialismo sostiene que a los 14 años una persona comprende la naturaleza del delito que comete, sus efectos y consecuencias, y que por lo tanto debe ser punible con mayor rigor.
En paralelo, desde el Gobierno se impulsa una narrativa fuertemente antigarantista, con foco en la víctima, que cuestiona la idea de considerar a los autores de delitos como víctimas exclusivas de un sistema de exclusión social.
Críticas de la oposición y dudas sobre la eficacia
La oposición más dura al proyecto advierte que no existe evidencia concluyente, ni en América Latina ni en otras regiones, de que la baja de la edad de imputabilidad derive en una reducción de la criminalidad juvenil. Como ejemplo, señalan el caso de Brasil, donde se avanzó en dirección similar y la tasa de homicidios trepó a 23,1 cada 100 mil habitantes.
En contraste, Argentina, que mantiene desde hace años la edad de imputabilidad en 16 años, exhibe una tasa de homicidios de 4,2 cada 100 mil habitantes, una de las más bajas de la región. Desde este sector se argumenta que el problema es estructural y está anclado en una trama de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades que deja a miles de jóvenes fuera del sistema educativo y laboral.
Para los críticos, sin políticas integrales de inclusión, educación, salud mental, prevención de adicciones y acceso al trabajo, la sola intensificación del castigo no logrará modificar de manera sostenible los índices de delito juvenil.
Con posiciones fuertemente enfrentadas y datos que se leen de manera opuesta según cada mirada, el Senado afrontará una votación que promete marcar un antes y un después en la política criminal hacia los menores de edad en la Argentina.
