Investigan un plan mafioso contra la Justicia Federal
NewsITe
La Justicia Federal de Gualeguaychú dejó al descubierto un grave complot narco que tenía como objetivo asesinar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candioti. El plan, según surge de la investigación, habría sido ideado desde una unidad penitenciaria por el jefe narco entrerriano Leonardo Airaldi, actualmente detenido y próximo a enfrentar un juicio oral.
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De acuerdo con fuentes judiciales, Airaldi habría ofrecido la suma de 40 mil dólares a un sicario uruguayo para ejecutar los crímenes durante supuestas vacaciones de los funcionarios judiciales en Uruguay. Sin embargo, la pesquisa determinó que ni Ríos ni Candioti se encontraban en ese país ni tenían previsto viajar, lo que permitió desarticular el plan antes de que pudiera avanzar.
El dato clave surgió del testimonio de un interno vinculado al narcotráfico, quien decidió declarar ante la Justicia Federal y aportó detalles sobre la maniobra. A partir de esa declaración se activó una investigación urgente que incluyó tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y medidas de seguridad adicionales sobre los magistrados potencialmente afectados.
Venganza por causas narco y reacción institucional
Según el relato del testigo, el móvil del complot habría sido la venganza. Airaldi responsabilizaría directamente al juez Ríos y al fiscal Candioti por su situación procesal. En su testimonio, el interno aseguró que el narco decía que el magistrado le había “inventado una causa” y que el fiscal “tiene todo arreglado” para que reciba una condena de 15 años en un juicio que comenzaría en los próximos días.
La figura de Airaldi viene siendo investigada desde hace años por distintos tribunales federales. No solo enfrenta un expediente en Entre Ríos, sino también una causa de mayor gravedad en la Justicia Federal de Rosario, donde se analizan posibles conexiones con estructuras delictivas más amplias de la región, en un contexto de creciente violencia ligada al narcotráfico.
Tras conocerse la amenaza, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se involucró personalmente en el seguimiento del caso. Según trascendió, Rosatti se comunicó con el juez Ríos y con el fiscal Candioti para expresar respaldo institucional y coordinar medidas de protección, manteniendo contacto permanente con fuerzas federales de seguridad.
Allanamientos, medidas de seguridad y rol de Entre Ríos
En el ámbito provincial, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, fue informado de la situación por el director del Servicio Penitenciario y por el titular de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour. Ambos funcionarios habrían transmitido los detalles iniciales que permitieron activar protocolos especiales en las cárceles y reforzar los controles internos.
El preso que aportó la información declaró formalmente ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo. Sobre la base de su testimonio, Rebollo solicitó al juez federal Hernán Viri una orden de allanamiento, que fue ejecutada este viernes por la tarde. Durante esos procedimientos se habrían buscado teléfonos celulares, anotaciones y otros elementos de prueba que permitan reconstruir el alcance del plan y determinar si existieron cómplices internos o externos.
- Se investiga el pago de 40 mil dólares a un presunto sicario uruguayo.
- El supuesto móvil sería la venganza por causas narco en Paraná y Rosario.
- Intervienen la Justicia Federal, fuerzas de seguridad y el Consejo de la Magistratura.
La causa volvió a poner en primer plano la vulnerabilidad de jueces y fiscales que intervienen en expedientes narcos de alto impacto, y aceleró el debate sobre la necesidad de fortalecer los esquemas de protección para operadores judiciales en todo el país.
Por estas horas, la investigación continúa bajo estricta reserva. No se descarta que, a partir del material secuestrado y de nuevos testimonios, se amplíe el número de imputados y se profundice sobre posibles vínculos del complot con organizaciones criminales de mayor escala. En paralelo, las autoridades nacionales y provinciales buscan enviar un mensaje de respaldo a la Justicia Federal y de firmeza frente a las mafias que intentan condicionar su accionar mediante amenazas o planes de atentado.
