El oficialismo busca sancionar la norma en la primera semana de marzo
NewsITe
Tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional se prepara para dar la próxima gran batalla legislativa: la nueva ley de financiamiento universitario. La Casa Rosada pretende que el proyecto sea discutido y aprobado en la primera semana de marzo, ya bajo el esquema de sesiones ordinarias del Congreso.
La iniciativa ingresó recientemente a Diputados y apunta a reemplazar y reformular la ley 27.795, que había sido defendida por la oposición y el sistema universitario. El texto introduce un esquema de actualización por inflación para los gastos de funcionamiento de las universidades, prevé aumentos salariales escalonados para docentes y no docentes y un refuerzo presupuestario específico para los hospitales escuela.
Según trascendió, el borrador se trabajó en despachos de Balcarce 50, con la participación directa de la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy, y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez. Este último, referente de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo y figura cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, mantuvo reuniones en la Casa Rosada en la previa del ingreso formal del proyecto al Congreso.
Optimismo en la Casa Rosada y próximos pasos legislativos
En el entorno del presidente Javier Milei hay confianza en que la nueva ley consiga los votos necesarios con el apoyo de los bloques aliados, una vez que concluya el período de sesiones extraordinarias. El Gobierno aspira a que la norma forme parte de un paquete de reformas que incluye también la nueva ley tributaria, con la que pretende “ordenar el sistema de impuestos” y dar previsibilidad fiscal.
En simultáneo, la Casa Rosada decidió postergar cualquier discusión profunda sobre el sistema previsional, al menos durante este año. Según explican en el oficialismo, antes de encarar una reforma jubilatoria consideran necesario consolidar un mercado laboral con mayor proporción de trabajadores formales que realicen aportes regulares al sistema, algo que, estiman, podría acelerarse a partir de la reciente reforma laboral.
Claves del proyecto de financiamiento universitario
El corazón de la iniciativa está en el nuevo mecanismo de actualización de los recursos para las universidades nacionales. El artículo 3° del proyecto reemplaza el artículo homónimo de la ley 27.795 y establece que los gastos de funcionamiento se ajustarán en base a la inflación medida por el INDEC (IPC), cuando esta supere el 14,3%, porcentaje utilizado como promedio anual en la confección del proyecto de Presupuesto 2026.
- Si la inflación efectiva supera el 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se incrementará para preservar la mejora real de los fondos.
- El artículo 4° incorpora un refuerzo de $80.072.460.000 para la actividad presupuestaria 15, destinada a la “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema de salud universitario.
- El artículo 5° introduce una recomposición salarial 2025, a pagarse en 2026, para docentes y no docentes universitarios, mediante tres aumentos del 4,1% cada uno (en marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, lo que totaliza un 12,3%.
Además, el texto ordena al Poder Ejecutivo convocar a paritarias obligatorias dentro del mes posterior a la sanción de la ley, con una frecuencia no mayor a tres meses, abarcando tanto al personal docente como al no docente, lo que busca institucionalizar una mesa de negociación periódica.
Críticas sindicales y advertencia de medidas de fuerza
Desde el sector gremial universitario ya comenzaron a expresarse reparos y cuestionamientos. Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, uno de los sindicatos que representa a docentes universitarios, señaló que el proyecto oficial “consolida el ajuste sobre nuestros salarios” y no responde a los reclamos planteados en las masivas movilizaciones en defensa de la universidad pública.
“Es necesario el pleno cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, porque así lo dispuso el Parlamento, así lo dispuso el pueblo argentino en las calles y así lo ratificó además el juez Martín Cormick”, sostuvo Perazzi, quien anticipó que el sector lanzará paros para “impedir la naturalización de una situación que es, a todas luces, injusta e ilegal”.
Mientras el oficialismo busca acelerar los tiempos legislativos y garantizar una mayoría en Diputados y luego en el Senado, las universidades nacionales y los gremios docentes se preparan para intensificar la discusión pública. El debate que se abrirá en las comisiones será clave para determinar si el nuevo esquema de financiamiento responde al reclamo por mayor presupuesto y salarios dignos, o si, como denuncian los críticos, se trata de una reconfiguración que consolida el ajuste sobre el sistema universitario argentino.
