La Asamblea Nacional sancionó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una norma que busca otorgar perdón a presos políticos y opositores perseguidos durante los últimos años. La iniciativa fue respaldada en segunda discusión tras dos semanas de negociaciones intensas, atravesadas por fuertes diferencias sobre el alcance real del beneficio.
El proyecto fue impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez, quien llegó al poder luego de la detención de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos a comienzos de enero. La aprobación legislativa abre un nuevo capítulo en la compleja crisis institucional venezolana, aunque todavía persisten numerosas dudas entre organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos.
Uno de los principales interrogantes gira en torno a si la amnistía incluirá a figuras emblemáticas de la oposición, como María Corina Machado. La dirigente, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz y actualmente radicada en Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de la resistencia al chavismo y su situación jurídica es seguida de cerca por la comunidad internacional.
Según datos relevados por distintas organizaciones, en Venezuela aún permanecen detenidas más de 600 personas por motivos políticos. En las últimas semanas se habrían liberado 383 presos, en el marco de gestos iniciales de distensión. Sin embargo, la ley excluye a 174 militares acusados de delitos de rebelión, decisión que alimenta críticas sobre el carácter “parcial” de la amnistía.
Controversias, exclusiones y presión de los familiares
El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, sostuvo ante la prensa que la norma puede marcar un punto de inflexión. “Ojalá que esta actitud y esta disposición que hemos demostrado sea auspicio para el inicio de un nuevo tiempo político que debe transitar el país”, afirmó, en un mensaje orientado a mostrar apertura y voluntad de diálogo.
No obstante, familiares de detenidos y organizaciones civiles advierten que la letra chica de la ley podría dejar afuera a un número significativo de perseguidos políticos, especialmente a exiliados y uniformados involucrados en denuncias de conspiración. La falta de precisiones sobre los criterios de inclusión y la ausencia de un listado público alimentan el escepticismo.
- Más de 600 personas siguen privadas de su libertad por razones políticas, según ONGs.
- Se liberó recientemente a 383 detenidos, pero quedaron excluidos 174 militares acusados de rebelión.
- La comunidad internacional sigue de cerca el impacto real de la ley sobre opositores y activistas.
“Ojalá que esta actitud y esta disposición que hemos demostrado sea auspicio para el inicio de un nuevo tiempo político que debe transitar el país”, expresó Jorge Rodríguez tras la aprobación de la ley.
La aprobación de la amnistía se dio, además, en un clima de fuerte presión social, con familiares de presos políticos realizando una huelga de hambre para exigir la liberación de quienes siguen tras las rejas en distintas cárceles del país. En ese contexto, la ley aparece como un gesto político relevante, aunque lejos de cerrar el debate sobre la situación de los derechos humanos y la persecución a la disidencia en Venezuela.
En las próximas semanas, el foco estará puesto en la reglamentación de la norma y en su aplicación concreta. La definición de quiénes serán efectivamente beneficiados marcará si se trata de un verdadero punto de inflexión hacia una convivencia democrática más amplia o de una medida limitada, de impacto político más simbólico que real.
