Diputados dio media sanción a la reforma laboral en una jornada de alto voltaje político

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En una maratónica y convulsionada sesión, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el oficialismo y envió el proyecto al Senado, donde deberá recibir el visto bueno definitivo para convertirse en ley. La votación general arrojó 135 votos afirmativos y 115 negativos, en un clima atravesado por fuertes cruces, acusaciones y denuncias de irregularidades en el recinto, mientras afuera se realizaban movilizaciones y un paro general convocado por la CGT.
El texto avalado por la mayoría oficialista —integrada por La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y legisladores monobloque aliados— llegó al recinto con una modificación clave: la eliminación del artículo 44, que preveía una reducción salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral. Esa supresión fue determinante para consolidar apoyos y evitar un rechazo más amplio.
En la vereda opuesta, la totalidad de Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, los cuatro diputados del Frente de Izquierda y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández votaron en contra, al denunciar un retroceso en los derechos laborales, riesgos de inconstitucionalidad y un aumento de la conflictividad judicial.
Un arranque escandaloso y acusaciones de maniobras irregulares
La sesión comenzó con 130 diputados presentes, aportados por el oficialismo y sus aliados, entre ellos PRO, UCR, MID, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y fuerzas provinciales. El quórum se apoyó también en la colaboración de gobernadores peronistas y radicales, cuyas bancadas facilitaron el inicio del debate, lo que luego fue duramente cuestionado por el kirchnerismo.
El punto de ebullición inicial se produjo cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor. El procedimiento generó la inmediata protesta de Unión por la Patria: varios de sus diputados abandonaron sus bancas y se dirigieron al estrado para exigir que se rectificara el mecanismo. El jefe del bloque, Germán Martínez, encabezó el reclamo, secundado por referentes como Paula Penacca, Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Horacio Pietragalla y Nicolás del Caño.
En medio del clima caldeado, la diputada Florencia Carignano (UxP) protagonizó un episodio que podría acarrearle sanciones: apagó el micrófono del oficialista Carlos Zapata mientras éste hablaba, en un gesto que fue repudiado por el bloque libertario. Más adelante, se generó otra controversia cuando el peronismo intentó dar por caída la sesión al sostener que se había perdido el quórum. Con el apoyo de Silvana Giudici y Luis Petri, Menem logró sostener la continuidad del debate.
Argumentos cruzados sobre empleo, costos laborales y derechos adquiridos
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), fue el principal defensor del proyecto. Sostuvo que el marco normativo vigente “expulsa a las personas de la formalidad” y enfatizó que cerca del 55% de los trabajadores se encuentran en la informalidad, sin aportes ni cobertura de obra social. Según su postura, la reforma apunta a modernizar el sistema, reducir la litigiosidad y favorecer la creación de empleo genuino.
Desde la oposición peronista, el diputado y dirigente bancario Sergio Palazzo advirtió que, en caso de sancionarse en el Senado, se producirá “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”. Acusó al oficialismo de “contrabandear detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores” y alertó que la iniciativa afecta el derecho de huelga y podría provocar un vaciamiento del sistema previsional a través del Fondo de Asistencia Laboral.
En la misma línea crítica, la diputada Vanesa Siley cargó contra los legisladores provinciales que aportaron al quórum, a quienes acusó de facilitar la aprobación de una ley que —según apuntó— estaría atravesada por “una nueva Banelco”, en referencia a supuestas presiones y negociaciones con recursos de las provincias. Desde la izquierda, Néstor Pitrola negó que el problema del país sean los costos laborales y responsabilizó a la especulación financiera, la desinversión y la fuga de capitales por la falta de empleo de calidad.
Divisiones en el centro político y advertencias sobre el futuro de la ley
Dentro del espacio opositor no kirchnerista también hubo matices. Miguel Pichetto (Encuentro Federal) cuestionó el esquema de convenios por empresa propuesto en el proyecto, al considerar que la experiencia histórica demuestra resultados negativos y que es preferible negociar con la representación sindical tradicional. Martín Lousteau (Provincias Unidas) coincidió en que el país necesita una reforma laboral, aunque remarcó que “no es ésta”, y criticó que se destinen recursos a subsidiar despidos mientras se niegan mejoras a las jubilaciones.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió que la reforma podría disparar un elevado nivel de litigiosidad, con múltiples planteos de inconstitucionalidad y medidas cautelares. Por su parte, Juan Grabois (UxP) calificó la propuesta como “de obsolescencia y regresión”, señalando que deja afuera debates clave como la inteligencia artificial, el teletrabajo y la telemedicina.
También se manifestaron voces críticas desde bancadas pequeñas. La diputada de Coherencia Marcela Pagano se pronunció a favor de discutir una reforma laboral, pero rechazó el texto oficial y advirtió sobre los riesgos para la libertad de expresión que implicaría la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. Myriam Bregman (Frente de Izquierda) remarcó que las modificaciones impactan especialmente en las mujeres, al poner en cuestión las jornadas establecidas mediante el banco de horas.
El Senado, próxima parada de una ley que promete seguir generando polémica
En el tramo final del debate, Máximo Kirchner (UxP) justificó su rechazo a la iniciativa al sostener que la ley “va a fracasar” y que someterá a las y los jóvenes a una mayor discrecionalidad de las patronales, con más facilidades para despedir y ajustar salarios. El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, cerró anticipando que, si el peronismo vuelve al Gobierno, buscará derogar la reforma por considerarla “antiobrera” y “pre peronista”.
“Es llamativo tener una normativa tan absolutamente anti obrera y tan absolutamente tan anti trabajador”, señaló Martínez, al calificar la iniciativa como un retroceso respecto de los estándares laborales que rigieron en la Argentina durante las últimas décadas.
Mientras tanto, el oficialismo ya activó la etapa siguiente: convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto del Senado para este viernes a las 10, con el objetivo de emitir un dictamen y llevar el proyecto al recinto el jueves 27 de febrero, en la antesala de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei inaugurará un nuevo período de sesiones ordinarias. La pulseada por la reforma laboral, lejos de cerrarse, se traslada ahora a la Cámara alta y promete seguir marcando la agenda política y sindical de las próximas semanas.

