UTA y La Fraternidad se suman al paro general de la CGT

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En el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), los gremios del transporte La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevaron adelante este jueves una medida de fuerza que paraliza servicios de trenes y colectivos, pese a la intimación formulada por el Gobierno nacional para que se abstuvieran de concretar cualquier acción directa.
Ambos sindicatos se encuentran actualmente alcanzados por una conciliación laboral obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, en el marco de conflictos salariales todavía abiertos. Desde la cartera laboral advirtieron que la decisión de plegarse a la huelga implica, a criterio del Gobierno, una “violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria”, instancia que continúa en trámite.
En un breve comunicado oficial, el Ministerio sostuvo que “la adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”. Pese a esta advertencia, La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas de trenes, y la UTA, que representa a choferes de colectivos, ratificaron su participación en la protesta convocada por la CGT.
Los argumentos de los gremios del transporte
La UTA había decidido no adherir al paro general de la CGT realizado el año pasado justamente por encontrarse bajo conciliación obligatoria en un conflicto por recomposición salarial. Sin embargo, en esta oportunidad el gremio resolvió sumarse, al considerar que las políticas oficiales y los ajustes sobre el salario real justifican una señal más contundente de rechazo.
Mediante un comunicado interno, el sindicato de colectiveros precisó que su adhesión se enmarca en una “defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral” impulsada por el Gobierno. En línea con esa postura, La Fraternidad también resolvió plegarse al paro, apuntando a la pérdida del poder adquisitivo y a la necesidad de recomponer los haberes de los trabajadores ferroviarios.
- Reclamo por recomposición salarial frente a la inflación.
- Rechazo a posibles cambios en la legislación laboral vigente.
- Denuncias por deterioro de las condiciones de trabajo en el transporte.
Escenario de conflicto y posibles sanciones
La controversia abre un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el sindicalismo, en un sector clave como el transporte público, cuyo funcionamiento incide de manera directa sobre millones de usuarios. Las autoridades podrían evaluar la aplicación de sanciones administrativas y económicas a las organizaciones gremiales por incumplir la conciliación obligatoria, herramienta prevista en la legislación laboral para intentar encauzar las negociaciones sin medidas de fuerza.
Mientras tanto, la CGT busca mostrar volumen y unidad en la calle, sumando a los gremios del transporte a una protesta que procura frenar el avance de reformas impulsadas por el Gobierno y reclamar una agenda de diálogo con respuestas concretas a la pérdida del salario real y al aumento del costo de vida. El desenlace de este conflicto, y la eventual intervención de la Justicia laboral, marcarán el tono de la relación entre el oficialismo y el movimiento obrero en las próximas semanas.
“La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”, sostuvo el Ministerio de Capital Humano en su intimación a los gremios del transporte.
De este modo, el paro de trenes y colectivos se convierte en un nuevo capítulo de la puja entre el Gobierno y la CGT, con impacto directo en la vida cotidiana de los usuarios y en el escenario político y social del país.

