La concejal del bloque Hechos advirtió que el pliego aprobado no detalla obras, mantenimiento ni controles, y que el esquema de recaudación previsto afecta las finanzas del Municipio.
La concejal Cecilia Gianmaria expresó duras críticas al proceso de licitación para el control del tránsito pesado en el partido de Ramallo, al considerar que el expediente aprobado carece de información técnica, financiera y operativa fundamental, y que además establece un esquema de recaudación que perjudica a las finanzas municipales.
Durante una entrevista, la edil del bloque Hechos señaló que el pliego no detalla de manera precisa qué tipo de obras se realizarán, cómo será el mantenimiento de la calzada ni cuáles serán los criterios de control por parte del Municipio. “No se explica qué se va a hacer, cómo se va a hacer ni en qué plazos. Todo está planteado de forma muy general”, sostuvo.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ausencia de un cronograma de mantenimiento. Según Gianmaria, no se especifica si el bacheo será estructural o superficial, cómo se trabajará sobre banquinas ni de qué manera se evitará el deterioro prematuro de una ruta con alto tránsito pesado. “Si no está escrito en el contrato, después no se le puede exigir nada a la empresa”, advirtió.
La concejal también puso el foco en el aspecto económico de la concesión. De acuerdo al expediente, la empresa adjudicataria proyecta una inversión cercana a los 7.300 millones de pesos para la construcción de la balanza, pórticos, accesos, sanitarios y oficinas. Sin embargo, Gianmaria remarcó que no existe un análisis financiero que permita conocer cómo se recuperará esa inversión ni cuánto podría recaudar el sistema a lo largo de los 20 años de concesión.
“Estamos hablando de un contrato a dos décadas sin ningún estudio serio sobre costos, ingresos o impacto fiscal. No hay previsiones claras y eso es grave”, afirmó.
Otro punto central de la crítica es el esquema de recaudación. Según explicó, el Municipio sólo percibirá el 50% de lo recaudado por el control del tránsito pesado, mientras que el resto quedará en manos de la empresa privada. Además, no se establecen mecanismos precisos de auditoría.
“Todo indica que va a funcionar por declaraciones juradas. El empresario informa cuánto recaudó y transfiere su parte. No sabemos qué controles habrá”, señaló.
Para la edil, el sistema aprobado implica resignar recursos que podrían fortalecer las arcas locales. “El Municipio tiene capacidad para instalar una balanza, contratar personal y administrar el servicio. Si lo hiciera directamente, se quedaría con el cien por ciento de los ingresos”, planteó.
En ese sentido, consideró que se trata de una “oportunidad perdida” para mejorar la autonomía financiera y reinvertir en infraestructura vial.
Gianmaria también cuestionó la falta de cláusulas que prioricen la contratación de mano de obra y proveedores locales. “Hay empresas en el distrito capacitadas para hacer este tipo de obras, pero no se las tuvo en cuenta. No se promovió el desarrollo local”, remarcó.
Asimismo, expresó su preocupación por el destino final de las obras una vez concluida la concesión. “No está claro qué bienes quedarán para el Municipio y en qué condiciones. La empresa puede irse y no dejar nada”, indicó.
Por todos estos motivos, el bloque Hechos decidió abstenerse en la votación y pidió que se realice un nuevo llamado a licitación con mayor transparencia, competencia y participación. “No estamos en contra del control del tránsito pesado. Estamos en contra de hacerlo sin reglas claras y sin defender los intereses de los vecinos”, concluyó la concejal.
