La OA marcó inconsistencias en el expediente del curso de inglés
NewsITe
La Oficina Anticorrupción (OA) dejó asentado en un dictamen oficial serias observaciones sobre la forma en que Cancillería publicó en su web institucional el expediente por el cual se contrató a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para dictar cursos de inglés a personal del Estado. Según el organismo de control, en la página pública solo se veían hasta el documento interno #0043, mientras que en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) ya figuraban, incorporados al expediente, los documentos #0044 y #0045.
Se trata de actuaciones clave: el documento #0044, identificado como “Comunicación OA–SIGEN” (NO-2025-143816188-APN-DCYC#MRE), y la providencia #0045 (PV-2026-00482919-APN-DCYC#MRE) con el motivo “Para la firma del Pacto de Integridad”. La OA dejó constancia de que esos dos tramos del expediente no eran visibles en la publicación online al momento de la verificación, pese a estar ya cargados en GDE, lo que abrió interrogantes sobre la transparencia del proceso.
El análisis de la OA se produjo en el marco del procedimiento de integridad previsto por el Decreto 202/2017, que se activó luego de que la directora ejecutiva de la AACI, María Josefina Rouillet, declarara en su Declaración Jurada de Intereses el vínculo de “esposa” con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Esa relación directa entre la oferente y un alto funcionario del Gobierno nacional es el núcleo político del denominado “Sturzegate”.
La contratación fue adjudicada por Cancillería a la AACI por $114.044.133 (IVA incluido), mediante la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25. En el expediente consta que solo se presentó una oferta, justamente la de la AACI, lo que configuró un proceso sin competencia efectiva: un único oferente, un solo precio y ausencia de alternativas para comparar condiciones o montos.
Un contrato millonario para pocos alumnos y con fuertes cuestionamientos
Uno de los puntos más sensibles radica en la relación entre el monto del contrato y la cantidad real de alumnos. Documentación interna del expediente señala que durante 2025 cursaron apenas 10 agentes —repartidos entre los niveles Senior 3 y Senior 6—, mientras que la propuesta para 2026 prevé un salto a 132 cupos. Si el Estado completara esa capacidad máxima, el costo rondaría los $864.000 por alumno. Si no se llega a cubrir todos los cupos, el costo unitario efectivo sería todavía mayor, una de las dudas que aún sobrevuela el caso.
También quedaron bajo la lupa los argumentos comerciales de la AACI. En la propuesta presentada al Estado, la institución se presenta como “Centro Platino oficial de Exámenes de Cambridge” y asegura ser “el único Centro Platino en CABA” que dicta cursos de preparación y toma exámenes en su propia sede. Sin embargo, el listado oficial de Cambridge English para la Argentina muestra que existen otros centros con estatus Platinum en Buenos Aires, como ESSARP – AR601, Buenos Aires Open Centre 1 – AR602 y AACI Open Centre – AR609, entre otros, lo que relativiza la exclusividad invocada.
En cuanto al detalle económico, la bibliografía prevista para 2026 fue presupuestada en $8.712.942. La propia AACI informó que buscaría “reciclar” materiales y que los valores de los libros se estimaron con precios de mercado a noviembre de 2025, incluyendo títulos de editoriales como Oxford y Cambridge. El esquema de pagos contemplado prevé un desembolso inicial del 40% de los aranceles y el 100% de los libros, y luego dos cuotas adicionales del 30% cada una, bajo el argumento de mantener para Cancillería el precio de marzo de 2026 durante todo el ciclo lectivo, con una bonificación del 5%.
Respuesta política y foco en la transparencia del expediente
En el plano político, el canciller Pablo Quirno salió a respaldar públicamente el procedimiento y sostuvo que “no hay irregularidad” en la contratación. Remarcó que se activó el mecanismo de integridad previsto por la normativa y que el expediente se encontraba publicado. No obstante, el dictamen de la OA incorporado al propio expediente puso el acento en la diferencia entre lo que mostraba el enlace público —que llegaba solo hasta el documento #0043— y lo que efectivamente constaba en el sistema GDE, donde ya estaban cargados el #0044 y el #0045.
- La OA detectó que la publicación web estaba incompleta al momento del control.
- El vínculo entre la titular de la AACI y Sturzenegger disparó el protocolo de integridad.
- El contrato prevé hasta 132 cupos, frente a solo 10 agentes que cursaron en 2025.
- El uso del sello “Platino Cambridge” como argumento de exclusividad quedó relativizado.
La observación central de la OA es que la ciudadanía no contaba, al momento de la verificación, con acceso a la totalidad de las actuaciones del expediente, un requisito básico de transparencia en contrataciones públicas.
Mientras el Gobierno defiende la legalidad y oportunidad de la contratación, el caso suma interrogantes sobre la transparencia de la información publicada, la efectividad de los mecanismos de integridad frente a conflictos de interés y el uso de fondos públicos para un servicio de alto costo por alumno y con poca competencia. El expediente seguirá bajo la lupa de los organismos de control y del debate político.
