Seguridad denuncia instigación a delitos tras disturbios
NewsITe
El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal tras los incidentes registrados la semana pasada en las inmediaciones del Congreso, durante el tratamiento en el Senado del proyecto de reforma laboral. La presentación apunta a la presunta instigación de delitos y a la utilización de elementos preparados para generar daño y sabotaje.
Según indicaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, la denuncia se basó en la circulación de videos en redes sociales donde se observa la presunta fabricación de “miguelitos” y otros objetos cortopunzantes, que habrían sido destinados a provocar daños en neumáticos de vehículos y a entorpecer el accionar de las fuerzas de seguridad.
La cartera conducida por la ministra Alejandra Monteoliva sostuvo que este tipo de elementos suele ser empleado para sabotear patrulleros, autos particulares y vehículos de emergencia, poniendo en riesgo tanto a efectivos policiales como a manifestantes y a terceros ajenos a los disturbios. El objetivo, remarcaron, sería generar un contexto de violencia organizada en el marco de las protestas.
Los hechos se produjeron durante la jornada en la que el Senado otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el oficialismo, en un clima de fuerte tensión política y social. Afuera del Palacio Legislativo se registraron enfrentamientos, corridas y detenciones, con varias personas trasladadas a dependencias policiales.
Alcance de la denuncia y próximos pasos judiciales
En su presentación, el Ministerio de Seguridad reclamó que se investigue no solo la presunta instigación a cometer delitos, sino también conductas encuadrables en figuras como resistencia a la autoridad y daño agravado. Para ello, solicitó la identificación de los presuntos responsables que aparecen en los registros audiovisuales y el análisis de los perfiles que difundieron el material.
- Investigación de los videos difundidos en redes sociales.
- Identificación de quienes habrían fabricado y distribuido los “miguelitos”.
- Determinación de posibles redes de organización de la violencia.
- Evaluación de responsabilidades penales individuales y colectivas.
Desde la cartera nacional remarcaron que, a su entender, los hechos exceden el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. “No se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito”, plantearon, al justificar la decisión de llevar el caso a los tribunales federales.
El Ministerio de Seguridad pidió la inmediata investigación de los hechos, la identificación de los responsables y el seguimiento de los perfiles involucrados, con el fin de determinar la posible comisión de otros delitos y eventuales responsabilidades penales.
La causa quedará ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá definir los pasos a seguir, entre ellos la recolección de más pruebas, el pedido de informes a las fuerzas de seguridad que actuaron en el operativo y la posible citación de testigos. En paralelo, el debate por la reforma laboral continuará en el centro de la agenda política, con nuevas movilizaciones anunciadas por organizaciones sociales y sindicales.
