Jerí niega delitos en la antesala de una votación clave
NewsITe
En la víspera de una sesión extraordinaria del Congreso, el presidente interino de Perú, José Jerí, rechazó de plano haber cometido delitos durante su gestión y afirmó contar con la legitimidad moral necesaria para continuar al frente del Poder Ejecutivo. El mandatario enfrenta dos investigaciones fiscales y una inminente votación de destitución en un escenario de marcada inestabilidad política.
La decisión parlamentaria llegará en un momento particularmente sensible para el país andino, que se encamina a elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 12 de abril. En declaraciones televisivas brindadas el domingo por la noche, Jerí sostuvo: “Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”, según recogió el sitio RFI y reprodujo la agencia Noticias Argentinas.
El Congreso, de mayoría opositora de derecha, convocó para este martes a una sesión en pleno receso legislativo, luego de reunir las 78 firmas necesarias para debatir la vacancia del jefe de Estado. La figura de Jerí se convirtió en el centro de una nueva pulseada institucional en un país que, desde 2016, acumula presidentes interinos, renuncias forzadas y destituciones sucesivas.
En paralelo, la congresista Rosángela Jerí, de la agrupación Somos Perú —un pequeño partido de derecha—, también atraviesa su propio proceso de censura y posible destitución en el parlamento. La legisladora afronta una moción que la acusa de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para seguir en el cargo, en medio de una fractura política que dejó a la diputada sin el respaldo pleno de sus aliados conservadores y que avanza con el apoyo de bancadas minoritarias de izquierda.
Investigaciones fiscales y clima político enrarecido
La presión sobre el presidente interino se intensificó luego de que el Ministerio Público abriera una nueva investigación preliminar por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres para su equipo de gobierno. Esa causa se suma a otra iniciada en enero por presunto “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses”, luego de conocerse una reunión reservada de Jerí con un empresario chino ligado a contratos con el Estado.
Con 39 años y convertido en el séptimo presidente peruano desde 2016, Jerí asumió el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, removida por el Congreso en el contexto de masivas protestas sociales contra la inseguridad y el incremento de casos de extorsión en Lima y otras regiones. Hasta ese momento, Jerí se desempeñaba como titular del parlamento, lo que le permitió ocupar la jefatura del Ejecutivo de manera interina.
Su mandato, de no mediar cambios, debería concluir el 28 de julio, coincidiendo con el aniversario de la independencia del país. Sin embargo, la votación de este martes podría acortar drásticamente su permanencia en el cargo. De aprobarse la destitución, el propio Congreso deberá elegir a un nuevo titular del cuerpo legislativo, quien asumiría de forma automática la presidencia interina de Perú hasta la transición con el próximo gobierno surgido de las urnas.
“Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”, remarcó José Jerí, en un intento por blindar su continuidad ante las acusaciones y las causas judiciales en marcha.
La discusión sobre la suerte del mandatario se inscribe en un escenario de desconfianza ciudadana hacia las instituciones, con un Congreso fuertemente cuestionado y una clase política fragmentada. La sesión extraordinaria de esta semana se perfila, así, como un nuevo capítulo de la prolongada crisis política que atraviesa Perú y que mantiene en vilo a la región.
