Rodríguez avanza con una drástica reestructuración del Estado
NewsITe
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó un decreto que ordena el cierre y la liquidación de siete entes públicos nacionales, en el marco de una reestructuración del aparato estatal. Cuatro de los organismos afectados fueron creados durante la gestión de Nicolás Maduro, hoy detenido en los Estados Unidos, lo que suma un condimento político adicional a la medida.
El decreto 5248, publicado este domingo, apunta a reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia. Según el texto oficial, el objetivo es adecuar la estructura del Ejecutivo a “nuevas directrices y políticas de orden social”, en un contexto de fuerte crisis económica, institucional y de legitimidad que atraviesa Venezuela desde hace años.
Entre los organismos disueltos se destaca el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013 para centralizar la información sensible del Estado vinculada a seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores. Este ente fue concebido como una herramienta para unificar y filtrar el flujo informativo sobre asuntos considerados estratégicos por el chavismo.
También se dispuso la eliminación de la Fundación Propatria 2000, responsable de obras de infraestructura, rehabilitación de espacios públicos y proyectos especiales. Esta fundación arrastraba múltiples denuncias de corrupción. Entre 2013 y 2015, por ejemplo, el programa “Gimnasios Verticales” fue cuestionado por la adjudicación de contratos millonarios a empresas sin trayectoria y con vínculos irregulares, algunas de ellas investigadas por presunto lavado de dinero en Colombia y Panamá.
Fundaciones sociales bajo la lupa y un ajuste estructural
Otra institución alcanzada por el decreto es la Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”, destinada a la formación y el impulso de proyectos productivos y de emprendimiento para la juventud. Su cierre impacta en uno de los programas sociales emblema del discurso oficial, orientado a sectores populares y a la militancia juvenil.
La Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), creada en 2011 para coordinar obras urbanísticas, arquitectónicas y paisajísticas, también será liquidada. En los últimos años, esta dependencia fue señalada por contrataciones directas sin licitación en iniciativas de alto perfil político, como el mausoleo de Simón Bolívar, además de otras obras inconclusas o con fuertes sobrecostos.
- Se cierra el Cesppa, organismo clave de inteligencia y seguridad.
- Quedan disueltas fundaciones con denuncias de corrupción, como Propatria 2000.
- Programas sociales para jóvenes, como la misión “Robert Serra”, se ven interrumpidos.
- La Fundación José Félix Ribas, histórica en prevención de adicciones, también será liquidada.
En la misma línea, la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), creada en 1986 y dedicada a la prevención y tratamiento del consumo de drogas, dejará de funcionar. Su cierre representa un repliegue del Estado venezolano en materia de políticas públicas de salud y adicciones, un área particularmente sensible en contextos de vulnerabilidad social.
El decreto ordena iniciar de inmediato el proceso de liquidación de todos los organismos involucrados y la conformación de una junta que supervise el cierre administrativo, la revisión de bienes y la adecuación institucional.
Con estas medidas, el gobierno interino encabezado por Rodríguez intenta mostrar una señal de “reordenamiento” del Estado, luego de años de cuestionamientos por el crecimiento de la burocracia, la falta de transparencia y los escándalos de corrupción. Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas advierten que la disolución de estos entes no garantiza por sí sola una mejora en la gestión pública y podría traducirse en menos presencia estatal en áreas sensibles como la juventud, la infraestructura urbana y la atención a las adicciones.
En un contexto regional que sigue de cerca la situación venezolana, la liquidación de estas estructuras creadas en buena medida durante el madurismo abre interrogantes sobre el futuro del entramado institucional del país y sobre el alcance real de la reestructuración anunciada.
