Reordenamiento del Estado venezolano tras un nuevo decreto
NewsITe
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dispuso mediante el decreto 5248 el cierre y proceso de liquidación de siete entes públicos nacionales, en el marco de una reestructuración del aparato estatal. Cuatro de esos organismos habían sido creados durante la gestión de Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, lo que suma un condimento político al anuncio.
Según el texto oficial, la medida apunta a “reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia” y adecuar la estructura del Poder Ejecutivo a “nuevas directrices y políticas de orden social”. El Gobierno plantea que la concentración de funciones y la simplificación de organismos permitirán una administración más eficiente de los recursos.
Entre los entes disueltos se encuentra el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013 con el objetivo de centralizar la información sensible del Estado en materia de seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores. El organismo había sido señalado por sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos por su rol en el control del flujo de información oficial.
También se dispone el cierre de la Fundación Propatria 2000, dedicada a la ejecución de obras de infraestructura, rehabilitación de espacios públicos y proyectos especiales. Esta fundación arrastraba numerosas denuncias por presuntas irregularidades y corrupción, en particular vinculadas al programa “Gimnasios Verticales” desarrollado entre 2013 y 2015, con adjudicaciones millonarias a firmas sin experiencia y con supuestos lazos con operaciones de lavado de dinero en Colombia y Panamá.
Organismos alcanzados y denuncias previas
Otro de los entes alcanzados es la Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”, destinada a impulsar proyectos de formación, producción y emprendimiento para la juventud. Su cierre implica la revisión de múltiples programas sociales impulsados bajo la bandera del chavismo para sectores juveniles.
El decreto incluye además a la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), creada en 2011 para coordinar iniciativas de desarrollo urbanístico, arquitectónico y paisajístico, que también había sido blanco de cuestionamientos por contrataciones directas sin licitación en obras emblemáticas, como el mausoleo de Simón Bolívar, y por proyectos inconclusos o con presupuestos sobrevaluados.
La lista se completa con la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), organismo con más de tres décadas de trayectoria en prevención y tratamiento del consumo problemático de drogas, cuya disolución genera interrogantes sobre la continuidad de los programas de asistencia y contención en ese ámbito.
- Cierre y liquidación de siete entes públicos por decreto 5248.
- Alcance sobre organismos de seguridad, infraestructura, juventud y salud.
- Fuerte presencia de denuncias de corrupción en varios de los entes.
El decreto ordena la conformación de una junta liquidadora para revisar bienes, contratos y responsabilidades administrativas, así como para definir el traspaso o la cancelación de programas en curso.
La puesta en marcha del proceso de liquidación prevé la creación de una junta encargada de supervisar el cierre administrativo, inventariar bienes y redefinir competencias dentro del Ejecutivo. Mientras el oficialismo presenta la medida como un paso hacia la “racionalización” del Estado, sectores críticos advierten sobre el riesgo de que se pierda transparencia, se profundice la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos y se desmantelen políticas sociales ya debilitadas por la crisis económica que atraviesa Venezuela.
