Polémica por el costo de los cursos de inglés para diplomáticos
NewsITe
La Cancillería argentina quedó en el centro de una nueva controversia por la millonaria contratación de cursos de inglés a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). Un análisis comparativo de valores muestra que el Estado terminará pagando por cada empleado un monto superior al que abona un particular que se inscribe por su cuenta en la misma institución.
De acuerdo con los datos relevados, un curso regular de nivel Senior, con clases de marzo a noviembre y una carga de dos horas y media semanales en la sede de la calle Suipacha, tiene para el público general un costo mensual de $85.000. En nueve meses de cursada, un alumno particular afronta así un total de $765.000 por todo el ciclo lectivo.
En contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó una contratación por un total de $114.044.133 para capacitar a 132 agentes, de los cuales 110 participarán de cursos regulares y 22 de talleres específicos para diplomáticos. Si se divide el monto global por la cantidad de inscriptos, el gasto por empleado asciende a $863.970, es decir, casi $100.000 más que lo que paga un estudiante común.
La diferencia resulta llamativa porque, en general, los convenios corporativos o por volumen suelen implicar descuentos significativos respecto de los valores minoristas. En este caso, la estructura del acuerdo deja al Estado en una situación inversa: en lugar de obtener mejores condiciones por inscribir a más de un centenar de participantes, termina afrontando un costo unitario mayor.
Argumentos oficiales y dudas sobre el uso de fondos públicos
Desde los despachos oficiales se sostiene que el contrato no se limita al dictado de clases, sino que contempla un servicio integral. Entre los ítems incluidos se mencionan la provisión de libros importados de editoriales como Oxford y Cambridge, certificaciones internacionales y exámenes de nivelación para los agentes.
Sin embargo, aun contemplando estos adicionales, la relación entre el precio final y la referencia del mercado minorista despierta cuestionamientos sobre el cuidado de los recursos públicos. Especialistas en administración pública plantean que, en contextos de inflación elevada y restricciones presupuestarias, las áreas del Estado deberían extremar la transparencia y la eficiencia en las contrataciones, en especial cuando se trata de servicios que también ofrece el sector privado al público en general.
A la controversia económica se suma un componente político: la directora ejecutiva de la AACI, María Josefina Rouillet, es esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Esa vinculación alimenta las sospechas de posible conflicto de intereses y vuelve más exigente la necesidad de explicar cómo se fijaron los precios y bajo qué criterios se optó por esta contratación directa.
La diferencia entre lo que paga el Estado y lo que paga un particular abre un interrogante sobre si se obtuvo realmente la mejor oferta posible para capacitar a los funcionarios.
Mientras tanto, la polémica promete escalar en el plano político y legislativo, con pedidos de informes y reclamos de mayor control sobre los procesos de compra y contratación en organismos sensibles como la Cancillería. El debate vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la transparencia, los conflictos de intereses y la responsabilidad en el uso de fondos públicos.
