Testigo reservado complica a exfuncionarios y empresarios
NewsITe
La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en los últimos días un giro relevante a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada. Su testimonio permitió al juez federal Sebastián Casanello avanzar con el procesamiento de 19 imputados, entre ellos el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y el lobista Miguel Calvete, señalados como figuras centrales en una trama de sobornos, fraude y posible lavado de dinero.
De acuerdo con fuentes judiciales, el testigo aportó detalles sobre el funcionamiento de una presunta red de intermediación entre la ANDIS y empresas proveedoras de insumos ortopédicos. La hipótesis que guía la investigación es que, a cambio de garantizar pagos y contratos, se habrían exigido retornos ilegales a firmas vinculadas al rubro de ortopedias, lo que extendería el alcance del caso más allá de los nombres ya procesados.
El fiscal Franco Picardi encabeza la pesquisa sobre estas operatorias comerciales y financieras. En base a escuchas telefónicas y documentación secuestrada en allanamientos, los investigadores sospechan que Calvete no solo actuaba como gestor ante la ANDIS, sino que cumplía un rol de intermediario clave entre las empresas y los funcionarios, articulando pagos y contraprestaciones. La sospecha es que este circuito podría constituir una red de corrupción más amplia y estructurada.
Ortopedias, lavado de dinero y la pista de Suizo Argentina
En paralelo, la Justicia profundiza las medidas de prueba vinculadas al presunto lavado de activos. El juez ordenó la indagatoria de supuestos lavadores y trabaja en coordinación con el Ministerio Público Fiscal y la Procelac, el organismo especializado en delitos económicos. El objetivo es rastrear el recorrido del dinero, identificar beneficiarios finales y determinar si existieron maniobras para disimular el origen ilícito de los fondos.
Uno de los focos de atención está puesto en la Droguería Suizo Argentina y en la familia Kovalivker. Aunque por el momento no fueron procesados, los investigadores siguen de cerca sus comunicaciones corporativas y dispositivos electrónicos. Allí se han encontrado obstáculos importantes: uno de los teléfonos entregados por Jonathan Kovalivker apareció sin contenido, mientras que el celular de Emmanuel Kovalivker aún no pudo ser desbloqueado por los peritos.
Ante la negativa de la empresa de liberar claves de correos electrónicos corporativos, la Justicia recurrió a un pedido de cooperación internacional hacia proveedores con sede en Estados Unidos. Ese trámite, encuadrado en los mecanismos habituales de asistencia judicial, suele demorar varios meses y puede resultar determinante para reconstruir la trazabilidad de los contactos y eventuales acuerdos detrás de la presunta red de corrupción.
La interna política y los audios que pueden voltear la causa
La investigación también salpica a la política nacional. Un audio atribuido a Pablo Atchabahian y dirigido a Calvete expuso una trama de influencias en la que aparece mencionado un personaje apodado “el Helvético”, identificado por el juez Casanello como Sebastián Nuner Uner, alto ejecutivo de Suizo Argentina. En ese mensaje se hablaba de “alinear jugadores” para contener los movimientos de Spagnuolo, señalado como “el pelado”.
- En el mismo audio se menciona que la información llegaría a “Rioja”, sobrenombre que los investigadores asocian con Eduardo “Lule” Menem, dirigente con llegada al poder central.
- Las conversaciones revelan la existencia de tensiones e internas dentro del espacio libertario, con diferentes sectores disputando influencia sobre organismos sensibles del Estado.
La Cámara Federal ordenó, además, investigar si los audios atribuidos a Spagnuolo fueron manipulados, lo que podría derivar en la nulidad de la causa si se comprobara una alteración sustancial de las pruebas.
A partir de esta semana, el expediente quedará bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si mantiene la investigación delegada en el fiscal Picardi o si la asume directamente. También tendrá que cumplir con la instrucción de la Cámara de indagar sobre la autenticidad de las grabaciones que dieron origen a la denuncia. De ese análisis dependerá no solo el futuro procesal de los imputados, sino también la consistencia de un caso que ya combina corrupción estatal, poder económico y una delicada interna política.
