Polémica por la baja de la edad de imputabilidad en Argentina
NewsITe
El abogado penalista Leonardo Sigal respaldó el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, iniciativa que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Sin embargo, fue más lejos en su análisis y sostuvo que, bajo ciertos parámetros, un chico podría ser considerado punible incluso desde los 12 años si se demuestra que comprende la criminalidad del hecho.
Sigal advirtió que cualquier cambio en el régimen penal juvenil debe ir acompañado de una fuerte inversión del Gobierno nacional en infraestructura, personal y políticas de contención. En declaraciones al programa “Tiempo de policiales” por ATP Stream, remarcó que le preocupa especialmente cómo se reglamentará la norma en caso de aprobación en el Senado y qué capacidad real tiene hoy el sistema para alojar y tratar a esos menores.
Para el letrado, el problema excede la discusión sobre si la edad mínima debe fijarse en 14, 13 o 12 años. A su criterio, el punto central es que el sistema judicial pueda evaluar, mediante pericias psicológicas y técnicas, si ese adolescente distingue entre el bien y el mal y comprende la gravedad del delito. Solo en ese caso, consideró, podría hablarse de verdadera responsabilidad penal.
Preocupación por cárceles, fiscalías e institutos de menores
Sigal describió un panorama de colapso en el sistema judicial y penitenciario: fiscalías saturadas, cárceles sin capacidad y una separación deficitaria entre procesados y condenados. En este contexto, alertó que sumar menores al circuito penal sin un plan de fortalecimiento institucional podría agravar aún más la situación.
El abogado también apuntó contra el estado de los institutos de menores, a los que calificó como “depósitos de chicos”, con problemas edilicios, falta de personal suficiente y un esquema pedagógico debilitado. Según su diagnóstico, muchos adolescentes alojados por orden judicial pueden irse cuando quieren, lo que refleja fallas de control y de contención.
- Institutos con edificios deteriorados y escaso personal especializado.
- Cárceles sobrepobladas y sin espacios adecuados para jóvenes.
- Fiscalías desbordadas por la cantidad de causas.
- Ausencia de una política sostenida de reinserción social.
Resocialización, educación y reforma de la Ley de Salud Mental
Sigal insistió en que el objetivo de cualquier política criminal debe ser proteger a la sociedad a través de la rehabilitación de los jóvenes. Propuso que los menores en conflicto con la ley sean derivados a lugares en condiciones dignas, con acceso garantizado a la educación formal y a la formación en oficios, como parte de un programa de resocialización a largo plazo.
El penalista, conocido públicamente por haber representado a un empleado municipal en la causa que terminó con la condena del cantante L-Gante a tres años de prisión en suspenso, ejemplificó que un adolescente condenado por robo agravado puede recuperar la libertad a los 19 años. La pregunta central, dijo, es en qué condiciones vuelve a las calles: resocializado o más violento que antes.
“Argentina necesita una política criminal de Estado para los próximos 20 años. El sistema penitenciario se agota antes con la educación y la escolarización”, sostuvo Sigal, al reclamar inversión en centros de tratamiento de adicciones y una reforma urgente de la Ley de Salud Mental.
Para el abogado, las adicciones, la desigualdad y las referencias del narcomundo que ven los jóvenes en los barrios vulnerables alimentan un escenario en el que muchos sienten que su vida no vale nada. De allí, afirmó, la importancia de combinar justicia, contención social y educación para evitar que esos chicos terminen reincidiendo en el delito. El debate por la baja de la edad de imputabilidad, concluyó, solo tendrá sentido si se enmarca en una estrategia integral y sostenida de resocialización.
