Triple acusación y pedido de 10 años de cárcel para el exjuez Bailaque
NewsITe
El exjuez federal de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, enfrenta una de las imputaciones más graves contra un magistrado en los últimos años. La fiscalía lo acusó en tres causas distintas por presuntos delitos de corrupción y anticipó que solicitará una pena de 10 años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
De acuerdo con la información consignada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos atribuidos a Bailaque revelan, según la acusación, un entramado de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”. Para los investigadores, no se trata de episodios aislados, sino de un mecanismo sostenido en el tiempo que habría utilizado la función judicial para favorecer intereses privados.
La imputación incluye una extensa lista de figuras penales: prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos. Cada uno de estos cargos se vincula a expedientes concretos tramitados en el Juzgado Federal de Rosario durante su gestión.
Según surge del expediente, los fiscales sostienen que el exmagistrado habría dictado resoluciones contrarias a derecho, manipulado allanamientos y ejercido presiones para obtener beneficios económicos indebidos. Parte de las maniobras investigadas se enmarcan en causas vinculadas a la narcocriminalidad en Rosario, uno de los distritos más golpeados por el avance del crimen organizado en los últimos años.
Otros imputados y alcance del proceso
En la causa también fueron acusados un escribano y la esposa de Bailaque. Al primero se lo señala como supuesto intermediario en maniobras extorsivas, mientras que a la segunda se la vincula con operaciones ligadas al presunto lavado de activos que habrían tenido origen en las conductas atribuidas al exjuez.
Las acusaciones fueron formuladas por fiscales federales con intervención de áreas especializadas en criminalidad económica y narcocriminalidad. Ahora, el juzgado interviniente deberá resolver si acumula todos los tramos en un único juicio oral o si se realizan debates separados, aunque se trata de hechos que, según la fiscalía, están fuertemente relacionados entre sí.
- La fiscalía adelantó que pedirá 10 años de prisión para el tramo de mayor gravedad.
- En los restantes expedientes también se prevén penas de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial.
Para los investigadores, el caso evidencia un uso indebido y sistemático de la estructura judicial para perseguir fines particulares, debilitando la confianza pública en la Justicia federal.
Bailaque continúa bajo prisión domiciliaria mientras se define el futuro procesal de la causa. De avanzar a juicio oral, se trataría de un caso testigo para el Poder Judicial federal, en un contexto de fuerte debate público sobre la transparencia y el control de los magistrados en todo el país.
