Oneto cuestiona la baja de edad penal como solución a la inseguridad
NewsITe
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal volvió al centro de la escena política y jurídica en la Argentina. Sin embargo, especialistas advierten que la discusión, enfocada casi exclusivamente en el umbral punitivo, corre el riesgo de generar expectativas desmedidas frente a la inseguridad. El abogado Francisco Oneto, en diálogo con Radio Rivadavia, advirtió que reducir la edad a 14 años difícilmente implique una mejora sustancial en los índices delictivos.
Oneto fue categórico al explicar que el derecho penal tiene un alcance limitado frente al fenómeno criminal. “El derecho penal no está para prevenir el delito, está para tutelar los efectos del delito”, sostuvo, al comparar la sanción con una simple “aspirina” que se toma cuando el dolor de cabeza ya apareció, pero que no cura la enfermedad de fondo: las causas sociales, económicas y culturales que alimentan la delincuencia.
Desde una mirada técnica, el letrado señaló además una tensión dentro del propio ordenamiento jurídico. Recordó que el Código Civil y Comercial reconoce discernimiento para los actos ilícitos desde los 10 años, edad a la que, según el texto, una persona ya distingue lo correcto de lo incorrecto. Aclaró, no obstante, que ello no implica que él promueva esa cifra como nuevo umbral, sino que exhibe la falta de armonía normativa entre la faz civil y la penal.
En esa línea, advirtió que la sola modificación legal no producirá un cambio automático en el comportamiento delictivo juvenil. “Dudo que vayas a conseguir los efectos que se buscan. No es que a partir de ahora los menores van a dejar de delinquir, sino que eventualmente delinquirán y recibirán sanción”, remarcó, poniendo en cuestión la idea de soluciones rápidas vía reformas penales.
El mito del menor impune y el rol del sistema tutelar
Oneto también buscó desarmar uno de los argumentos más repetidos en el debate público: que los menores de 16 años quedan en libertad tras cometer delitos graves. “Hay un mito divulgado que está mal, que es este mito de que el menor de 15 que mata se va a la casa. La ley actual establece que el juez dispone del menor y lo manda a un instituto”, explicó, en referencia al régimen tutelar vigente.
Según el abogado, la discusión debería correrse del eje exclusivamente punitivo y atender qué tipo de intervención realiza el Estado sobre los jóvenes no punibles. Diferenció con claridad la pena –prevista para mayores de 16 años– de las medidas tutelares aplicadas a los menores, e insistió en que el verdadero desafío es diseñar un sistema capaz de proteger, reeducar y evitar la reincidencia.
Cárceles, teléfonos y una tensión no resuelta: castigo o resocialización
Al analizar la realidad carcelaria, Oneto cuestionó la lógica de prohibiciones absolutas y propuso un enfoque basado en el control efectivo por parte del Estado. En relación al uso de celulares en las prisiones, planteó que debería existir trazabilidad obligatoria de los dispositivos: registro del IMEI, identificación de quién los entrega y quién los usa. De ese modo, argumentó, sería posible atribuir responsabilidades cuando se organizan delitos desde las cárceles.
- Control estatal sobre dispositivos y comunicaciones en contexto de encierro.
- Revisión del sistema para compatibilizar resocialización y demandas de seguridad.
Para el abogado, el sistema penitenciario argentino se mueve en un “término medio” ineficiente, atrapado entre el mandato constitucional y convencional de resocialización y una sociedad que, en su mayoría, concibe la pena fundamentalmente como castigo. Con ironía, invitó a un sinceramiento político y social: “Denunciemos la Convención Americana y digamos que la pena es castigo, y veamos cómo nos va”.
“El derecho penal es una aspirina: actúa cuando el daño ya está hecho, pero no resuelve la enfermedad social que produce el delito”, resumió Oneto.
En este escenario, el abogado insistió en que ninguna modificación aislada, como la baja de la edad de imputabilidad, podrá por sí sola revertir la complejidad del fenómeno criminológico. Reclamó, en cambio, una reforma integral que abarque prevención, inclusión social, fortalecimiento institucional y un rediseño profundo del sistema de responsabilidad penal juvenil.
