Del mundo de la noche al negocio de las cámaras viales
NewsITe
La figura de Leandro Camani volvió a ocupar espacio en la agenda pública a partir de una serie de denuncias y pedidos de investigación que lo vinculan tanto con el negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires como con supuestos lazos con un presunto narco rosarino. Su nombre, asociado años atrás al ambiente nocturno porteño, reaparece ahora en un entramado donde confluyen intereses empresariales, poder político y causas judiciales.
Antes de convertirse en empresario del rubro tránsito, Camani estuvo vinculado al espectáculo y la noche de la Ciudad de Buenos Aires. Se lo menciona como ex modelo y propietario del boliche Fabric Club, lo que le dio cierta exposición mediática en el circuito nocturno. Con el tiempo, su perfil se desplazó hacia la gestión de empresas y la participación en licitaciones ligadas a sistemas de control y seguridad vial en distintos municipios bonaerenses.
Uno de los antecedentes que más lo marcaron públicamente es el caso Beara, ocurrido en 2010. Aquel año, el derrumbe de un entrepiso en el boliche homónimo provocó la muerte de dos jóvenes y abrió una extensa causa judicial sobre responsabilidades en la habilitación del local. Camani fue investigado en ese expediente y finalmente resultó absuelto en 2022, aunque su nombre quedó asociado durante años a esa tragedia.
Además del episodio Beara, en su derrotero aparecen menciones a denuncias por presuntas extorsiones vinculadas a trámites de habilitación comercial y conflictos personales que derivaron en actuaciones judiciales. Ese trasfondo se combina con su posterior desembarco en un negocio tan rentable como controvertido: las fotomultas.
Fotomultas, denuncias cruzadas y un negocio millonario
Camani figura como titular de Secutrans S.A., una de las empresas dedicadas a la operación de sistemas automatizados de detección de infracciones de tránsito en municipios de la provincia de Buenos Aires. Según estimaciones difundidas en distintos artículos periodísticos, compañías del sector podrían quedarse con hasta el 60% de lo recaudado por multas, un esquema que suele generar cuestionamientos sobre su transparencia y su verdadero fin disuasorio.
La expansión de este negocio derivó en un fuerte cruce con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El dirigente sostuvo que Camani le habría pedido autorización para ampliar la instalación de cámaras en predios administrados por el CEAMSE. Tras su negativa, Tapia denunció haber sufrido presiones y el impulso de causas penales en su contra, lo que sumó un nuevo capítulo a la polémica en torno al sistema de fotomultas.
En paralelo, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) solicitó a la Fiscalía Federal de La Plata investigar presuntos vínculos de Camani con un supuesto narco rosarino. El pedido se originó en la detención de un hombre que conducía un vehículo registrado a nombre del empresario, lo que disparó sospechas y dio pie a nuevas actuaciones judiciales.
El derrotero de Leandro Camani condensa polémicas judiciales, negocios ligados al control vial y disputas de poder que vuelven a poner bajo la lupa el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
La evolución de las causas abiertas y de las investigaciones en curso será determinante para establecer si las acusaciones en su contra derivan en imputaciones formales o quedan acotadas al terreno de la controversia pública. Mientras tanto, el nombre de Camani continúa asociado a un negocio que combina tecnología, recaudación y un fuerte componente de influencia política.
