Baratta encendió la polémica por la baja de imputabilidad
NewsITe
En medio del debate en el Congreso sobre la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el ex subjefe de la Policía Bonaerense, Salvador Baratta, realizó declaraciones que reavivaron la discusión sobre el rol del Estado y el destino de los adolescentes que ingresan al sistema penal juvenil.
En una entrevista concedida al programa Vamos Rivadavia, que se emite por Radio Rivadavia AM 630, Baratta afirmó que, según su experiencia en la fuerza, “el 70 por ciento de los menores terminan muertos”. La frase, contundente y polémica, fue expuesta como una crítica directa a las actuales políticas de contención y rehabilitación de jóvenes en conflicto con la ley.
El ex funcionario policial sostuvo que los institutos de menores no cumplen hoy con el objetivo de reinsertar a los adolescentes y cuestionó con dureza el enfoque estatal. “En los institutos que tenemos hoy, no se va a recuperar nadie de la delincuencia”, señaló, al tiempo que advirtió que los chicos suelen regresar a los mismos entornos de violencia y delito.
Baratta describió, además, situaciones que vivió durante su carrera como comisario y recalcó que la mayoría de los menores con antecedentes por hechos violentos terminaron falleciendo en enfrentamientos armados o en el marco de hechos delictivos. “Yo todos los casos que tuve de menores, ¿sabe cómo terminaron? El 70 por ciento muertos”, remarcó, apuntando al Estado por no ofrecer alternativas efectivas.
Críticas al sistema y debate en el Congreso
En sus declaraciones, el ex subjefe de la Bonaerense afirmó que el Estado “vela mucho por los derechos humanos del pibe, pero lo deja en la calle para que se vuelva a cagar a tiros con la policía”. La frase se inscribe en un clima de fuerte discusión política y social alrededor de la reforma del régimen penal juvenil, que el oficialismo y la oposición debaten en comisiones del Congreso.
Especialistas en niñez, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales plantean, en contraposición, que la respuesta no debe centrarse solo en la baja de la edad de imputabilidad, sino en políticas integrales de prevención, educación, acceso al trabajo y acompañamiento familiar. Señalan, además, que la evidencia internacional muestra que el encarcelamiento temprano sin programas sólidos de reinserción suele profundizar los ciclos de violencia.
El Gobierno, por su parte, argumenta que la discusión busca actualizar un esquema legal considerado obsoleto y brindar herramientas al sistema judicial para intervenir en delitos graves cometidos por menores. Sin embargo, las cifras y diagnósticos oficiales sobre la criminalidad juvenil y la efectividad de los institutos de menores siguen siendo tema de controversia.
“En los institutos que tenemos hoy, no se va a recuperar nadie de la delincuencia”, sostuvo Salvador Baratta, ex subjefe de la Policía Bonaerense.
La polémica frase de Baratta se suma a un debate que promete extenderse en el Parlamento y en la opinión pública. Mientras avanza la discusión legislativa, especialistas y funcionarios coinciden al menos en un punto: cualquier reforma que se impulse deberá ir acompañada por políticas sociales y de seguridad que aborden las causas profundas que empujan a tantos adolescentes a la violencia y al delito.
